México enfrenta una evaluación crítica por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que mide la efectividad global en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Y lo hace en un momento incómodo: con reformas apresuradas, cifras reservadas y una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que ha reducido su transparencia.

La evaluación técnica comenzó en julio y se extenderá hasta octubre de 2026. El GAFI analizará no solo el marco legal, sino la efectividad real: condenas, recuperación de activos, cooperación internacional y uso de inteligencia financiera. En este contexto, México ha reservado por primera vez desde 2013 información clave sobre el intercambio de datos con otros países, justo cuando EE.UU. ha declarado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Aunque se aprobaron reformas a la Ley Antilavado que endurecen sanciones y amplían obligaciones para sectores vulnerables —como joyerías, notarios, criptomonedas y ONGs—, expertos advierten que el país sigue sin mostrar resultados contundentes en condenas y recuperación de activos.

La UIF recibió más de 13.6 millones de reportes en el primer semestre de 2025, pero las denuncias ante la Fiscalía General se desplomaron 69% en el último año. Además, jueces han desbloqueado cuentas millonarias antes de que se resuelvan los amparos, debilitando el sistema preventivo.

El GAFI exige cooperación, transparencia y efectividad. México, por ahora, ofrece reformas tardías, cifras reservadas y un historial judicial que favorece a los lavadores. La evaluación no será técnica: será política, institucional y simbólica.