El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, informó que su partido presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador; Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado; diversos gobernadores en funciones y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado, corrupción y omisiones en materia de seguridad pública.

Durante una conferencia de prensa, el senador por Campeche aseguró que México atraviesa la “peor crisis de seguridad en su historia”, con más de 220 mil homicidios y 125 mil personas desaparecidas. Moreno sostuvo que la violencia desbordada responde al “control absoluto” del crimen organizado sobre distintos niveles de gobierno, con la presunta anuencia del actual régimen.

Entre los señalados destacó a Adán Augusto López Hernández, a quien acusó de mantener una relación de más de tres décadas con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y supuesto líder del grupo delictivo La Barredora. El dirigente priista presentó documentos, contratos y actas constitutivas que, según él, prueban vínculos entre López Hernández y empresas ligadas a Bermúdez Requena y su familia. Estas habrían estado implicadas en operaciones ilegales como el contrabando de combustible, cobro de piso y negocios irregulares relacionados con el proyecto del Tren Maya.

Moreno acusó que estas acciones fueron facilitadas durante la gestión de López Hernández como gobernador de Tabasco y posteriormente como titular de la Secretaría de Gobernación. Añadió que el actual coordinador parlamentario de Morena “denigra al Senado de la República”, y por ello solicitó su renuncia y separación de la Junta de Coordinación Política.

El PRI también incluyó en la denuncia al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien habría sido vinculado con grupos criminales según reportes internacionales; al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por presuntos nexos con el crimen organizado; y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de operar con impunidad y proteger estructuras delictivas. A la lista se suman Rutilio Escandón (exgobernador de Chiapas), Layda Sansores (Campeche), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Mario Delgado (secretario de Educación y exlíder de Morena), y Manuel Bartlett Díaz (exdirector de la CFE).

La denuncia menciona además que informes de inteligencia militar indican que La Barredora habría planeado el suministro de más de 200 mil litros de diésel al Tren Maya, mediante empresas relacionadas con Bermúdez Requena y funcionarios vinculados, incluyendo un sobrino suyo que habría trabajado en Fonatur.

También se señaló a Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, por supuestamente liderar una red dedicada al “huachicol fiscal” y participar en operaciones de contrabando de combustible hacia Estados Unidos.

Moreno Cárdenas aseguró que no cederá ante presiones y que seguirá documentando los vínculos entre el crimen organizado y líderes de Morena. “Nos asiste la ley y el derecho de defender a este país”, afirmó.

Finalmente, denunció un patrón sistemático de encubrimiento en las entidades gobernadas por Morena, y acusó que inclusive otros políticos, como el gobernador de Nuevo León, Samuel García (Movimiento Ciudadano), habrían sido beneficiados por la cancelación de carpetas de investigación en su contra. Según el PRI, esta red de impunidad ha provocado una crisis diplomática con Estados Unidos y Canadá por la creciente preocupación internacional sobre la infiltración del crimen organizado en la política mexicana.