Desde el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés y Federico Döring lanzaron una ofensiva política y legal contra el gobierno federal, acusando una alianza estructural entre Morena y el crimen organizado, un esquema de corrupción que trasciende lo electoral y pone en juego el control de instituciones, la economía nacional y la credibilidad democrática del país.

La conferencia inició con la exigencia de que se debatan los vínculos de Morena con estructuras delincuenciales como “La Barredora”, presuntamente creada desde el gobierno de Tabasco, y con la figura de Hernán Bermúdez como eje de contratos, influencias y capacitaciones en municipios gobernados por Morena. “No es una manzana podrida, es todo el árbol”, sentenció Döring, al advertir que el cartel ha permeado en órganos de seguridad pública y empresas vinculadas al poder político.

En el mismo tono, Anaya subrayó que estos vínculos no son hechos aislados, sino parte de un patrón que se repite en estados como Sinaloa, Baja California y Tamaulipas, y que se debe pasar de la información periodística a verdades jurídicas con consecuencias legales. “No es lo mismo pactar con el narco que ser el narco en el gobierno”, agregó Döring.

El PAN anunció la ampliación de la denuncia penal presentada por la diputada Noemí Luna, para incluir nuevas empresas y delitos que van desde el huachicol fiscal hasta el tráfico de influencias, e incluso la posible colusión de funcionarios federales en la omisión de investigaciones.

En paralelo, Anaya y Döring denunciaron la actitud de “brazos caídos” del gobierno ante la amenaza de los aranceles que entrarían en vigor el 1 de agosto, advirtiendo que marcarían la debacle definitiva de la economía mexicana. Criticaron el papel del canciller Marcelo Ebrard, por no concretar encuentros clave con líderes como Donald Trump, y lo acusaron de priorizar actos deportivos sobre la defensa económica del país.

Respecto a la reforma electoral anunciada por la presidenta, el PAN la calificó como “una perversidad distractora” para no hablar de la crisis de seguridad y el colapso económico. Según los legisladores, el verdadero propósito es apoderarse del único órgano que el oficialismo aún no controla: el Instituto Nacional Electoral.

En respuesta, Anaya anunció la presentación de una iniciativa legislativa para instaurar la rotación en la presidencia tanto de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política del Senado, replicando el modelo de la Cámara de Diputados y frenando el control unipartidista. “Ya controlan el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y los órganos autónomos. Van por el árbitro electoral”, advirtió.

Finalmente, ambos legisladores denunciaron la hipocresía del discurso de austeridad republicana, señalando los viajes de lujo de figuras como Mario Delgado con recursos públicos, contrastando con los viajes personales financiados con recursos propios de los panistas. “El problema de Morena es la hipocresía institucional”, concluyó Anaya.