Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO

En política, las coincidencias no existen. Y menos aún cuando se trata de la posibilidad de desaforar a un líder de oposición en un contexto de creciente desgaste del gobierno. La reactivación del expediente contra Alejandro Moreno, en un momento de evidente reacomodo oficialista, huele menos a justicia y más a estrategia.

La solicitud para retirarle el fuero al presidente nacional del PRI por presuntos actos de corrupción no es nueva, pero su resurgimiento ocurre justo cuando Morena necesita, desesperadamente, cambiar la conversación. Tal como lo advertimos la semana pasada en estos Laberintos Políticos, el oficialismo comienza a exhibir signos de nerviosismo ante un panorama que ya no controlan con la soltura de años anteriores. Los números en seguridad pública no mejoran, los escándalos por presunta connivencia con el crimen organizado se acumulan, y la transición presidencial ha abierto fisuras al interior del movimiento obradorista.

Así, mientras en Palacio Nacional se busca mantener la narrativa de “transformación”, en estados como Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chiapas –gobernados por Morena– surgen cuestionamientos cada vez más serios sobre la relación entre algunos mandatarios locales y grupos criminales. Denuncias que, cabe señalar, no provienen únicamente de actores políticos, sino de voces ciudadanas, reportes de inteligencia y organismos internacionales.

La reacción del PRI, al presentar una batería de denuncias contra figuras del oficialismo —incluidos Adán Augusto López y el expresidente López Obrador— puede leerse como un acto de defensa política, sí, pero también como un contraataque quirúrgico: quien acuse, que demuestre. Porque si lo que se pretende es abrir expedientes, que sean todos. Y si hay voluntad real de justicia, que sea pareja, no selectiva.

El juego de la persecución disfrazada de combate a la corrupción es peligroso. No solo erosiona aún más la confianza en las instituciones, sino que refuerza la percepción de que el poder en turno actúa solo contra los incómodos. El timing con el que resurge la solicitud no es casual. En el contexto preelectoral de 2027, en el que el PRI busca posicionarse como un contrapeso real, no sorprende que el oficialismo intente dinamitar a sus figuras más visibles.

El fondo de la disputa, sin embargo, trasciende los expedientes. Lo que se juega es la legitimidad del discurso oficial. Porque si de verdad se pretende erradicar la corrupción, ¿por qué no se ha actuado con el mismo rigor en los casos de Segalmex, de Bartlett, de los contratos sin licitación en Pemex o de las obras asignadas a las Fuerzas Armadas sin supervisión civil?

En lugar de abonar a un entorno de institucionalidad, la FGR, al actuar en sintonía con los tiempos políticos del gobierno, debilita su credibilidad. Y en el fondo, lo que hay es un intento por distraer, desviar la atención pública de los fracasos del sexenio y señalar a un enemigo útil. Pero este tipo de fuegos artificiales difícilmente opacarán los temas de fondo: la inseguridad, la falta de resultados, la militarización de la vida pública, y la creciente denuncia de que el crimen organizado gana cada vez más terreno.

La apuesta del PRI, de llevar estos temas incluso a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, podría incomodar al oficialismo si logra abrir un debate más amplio sobre la responsabilidad del Estado en la violencia y la omisión. De momento, Morena parece más interesado en construir un relato donde los opositores son corruptos y los suyos, inmaculados. Pero ese libreto, cada vez más desgastado, ya no convence como antes.

Al final, lo que está en juego no es el fuero. Es la narrativa de un país que no puede seguir permitiendo que el uso faccioso de la justicia sustituya a los acuerdos democráticos. Si de verdad se quiere justicia, que sea sin colores. Y si lo que se busca es revancha, que al menos se reconozca como tal.