Ciudad de México.— La senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, lanzó un llamado urgente a la CNDH y a los congresos estatales para levantar un diagnóstico nacional sobre la situación jurídica, operativa y de derechos humanos en los centros de atención para adultos mayores. La denuncia no es menor: abandono, negligencia y explotación se han vuelto parte del paisaje cotidiano en cientos de asilos y casas hogar, públicos y privados.

En su proposición con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora tlaxcalteca advirtió que “la situación actual en muchos de estos centros es precaria, con numerosos casos de abandono, negligencia y hasta redes de explotación”. Lo más grave, señaló, es la ausencia de datos públicos actualizados, lo que impide dimensionar el problema y diseñar políticas efectivas.

Según cifras del INEGI, en 2020 México contaba con aproximadamente 1,500 centros de atención para adultos mayores, de los cuales solo 107 eran públicos. Es decir, apenas el 7 % opera bajo supervisión oficial. El resto, asociaciones civiles o privadas, funcionan con cuotas familiares y escasa vigilancia institucional.

Como ejemplo del abandono oficial, Ávalos Zempoalteca citó el informe ISP‑12/2020 de la CNDH, que durante la pandemia solo supervisó 58 de los 1,500 centros. Las condiciones documentadas fueron alarmantes: hacinamiento, falta de protocolos sanitarios, deficiencias médicas y ausencia de recomendaciones institucionales.

La senadora denunció el incumplimiento sistemático de la ley, pese a la existencia de normativas como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la NOM-031-SSA3-2012, que regula los Centros de Asistencia Social Permanentes. Recordó que el artículo 4º constitucional garantiza el derecho a la salud, y que la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores obliga al Estado mexicano a proteger la integridad, salud, libertad y dignidad de este grupo poblacional.

“Existe una desprotección institucional persistente, con escasa rendición de cuentas y ausencia de mecanismos jurídicos efectivos frente al maltrato o negligencia. Los vacíos de supervisión, control, capacitación y sanción ponen en riesgo la dignidad y el acceso a derechos de este grupo social”, sentenció.