El asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reyna, ejecutado con granadas y armas largas, sacudió al país este lunes.
El ataque, perpetrado en plena vía pública, no solo arrebató la vida de un alto funcionario federal, sino que evidenció el nivel de armamento, impunidad y control territorial que ostentan los grupos criminales en la región.
🔺 Un atentado directo contra el Estado mexicano, que pone en jaque la capacidad institucional para garantizar seguridad y justicia.
Desde la oposición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, condenó el crimen con contundencia:
“Lo sucedido en Tamaulipas es atroz. No podemos normalizar este grado de violencia. México está siendo devorado por el crimen. Y este gobierno no tiene ni la voluntad, ni la capacidad para enfrentarlo.”
Moreno exigió justicia inmediata y denunció la parálisis oficial ante el avance del crimen organizado.
Su declaración se suma a una creciente ola de indignación por la violencia desbordada en estados clave, donde el control territorial parece haber cambiado de manos.
¿Gobierno ausente o cómplice silencioso?
El atentado contra Vázquez Reyna no es un hecho aislado.
Tamaulipas ha sido escenario de múltiples ataques contra fuerzas federales, periodistas y defensores de derechos humanos.
La normalización del uso de armamento militar por parte de grupos criminales revela una fractura profunda en el aparato de seguridad nacional.
Mientras el gobierno federal guarda silencio o minimiza los hechos, la oposición exige respuestas, justicia y memoria.
Porque cada funcionario asesinado, cada territorio cedido, cada crimen sin castigo, es un golpe a la institucionalidad que aún resiste.
CCO Noticias "Corporación Comunicativa Ojeda" 