El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) comenzó a integrar su informe de entrega-recepción, en lo que podría ser el último acto administrativo antes de su liquidación. La instrucción, emanada desde el Ejecutivo federal, marca el inicio de un proceso que busca desmantelar uno de los órganos autónomos más estratégicos del país.
El documento en elaboración incluye activos, pasivos, proyectos vigentes y funciones técnicas, pero también una advertencia: la desaparición del IFT dejaría sin vigilancia sectores clave como telecomunicaciones, radiodifusión, conectividad rural y supervisión de concesiones. El informe será entregado a la Secretaría de Gobernación en las próximas semanas, como parte del protocolo de cierre institucional.
Desde su creación en 2013, el IFT ha sido garante de competencia económica, acceso equitativo a servicios digitales y regulación imparcial frente a los grandes operadores. Su extinción, impulsada bajo el argumento de “reducir duplicidades y gastos”, abre un vacío regulatorio que preocupa a especialistas, académicos y organizaciones civiles.
Mientras el personal técnico y administrativo continúa sus labores en medio de la incertidumbre, el instituto afina su última defensa: un informe que no solo entrega cuentas, sino que documenta lo que el país perdería si se impone el silencio institucional.

