CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la revocación de visa al empresario mexicano Eduardo Margolis, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado su política migratoria contra actores del sector privado vinculados a redes de corrupción, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. La medida, respaldada por la Orden Ejecutiva 14059, permite sanciones migratorias no solo contra los titulares de empresas, sino también contra sus familiares, socios comerciales y colaboradores cercanos.


Fuentes diplomáticas y financieras señalan que instituciones como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han sido objeto de investigaciones por presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos. Aunque no se han revelado nombres específicos, la política migratoria vigente autoriza la cancelación de visas a directivos, accionistas y representantes legales que hayan facilitado operaciones ilícitas, incluso de forma indirecta.

La Embajada de EE.UU. en México ha confirmado que todas las visas emitidas en 2025 están bajo revisión, y que el uso indebido de visas de turista para actividades comerciales, adquisiciones inmobiliarias o transferencias financieras puede derivar en cancelación inmediata y prohibición de reingreso. Esta medida ha comenzado a impactar a empresarios que operan en sectores como seguridad privada, blindajes, consultoría financiera, bienes raíces y entretenimiento.

El caso Margolis, considerado emblemático por su vínculo con contratos públicos, tortura documentada y presunta relación con inteligencia extranjera, ha abierto la puerta a una nueva fase de escrutinio migratorio. Analistas advierten que esta política podría extenderse a empresarios que hayan sido beneficiarios de adjudicaciones irregulares, montajes judiciales o redes de protección institucional.