CIUDAD DE MÉXICO.— Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol se convirtió en el primer empresario mexicano cuya visa fue revocada por el gobierno de Estados Unidos en un contexto de presunta corrupción, lavado de dinero y participación directa en actos de tortura. La medida marca un precedente, ya que hasta ahora las cancelaciones de visa por parte de Washington se habían dirigido principalmente a funcionarios públicos, políticos y figuras del espectáculo.


Entre los casos previos destacan la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres; el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; el exdelegado del INM, Hernán José Vega Burgos, vinculado a trata de personas; y la consejera estatal de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, por publicaciones polémicas. También se han documentado restricciones migratorias contra músicos como Julión Álvarez y Grupo Firme, por presunta apología del narcotráfico. Sin embargo, ninguno de estos casos involucra empresarios del sector privado con redes de contratos públicos y vínculos con inteligencia extranjera.

Margolis, fundador de Blindajes EPEL S.A. de C.V., acumuló más de 55 contratos gubernamentales entre 2019 y 2024, por un monto superior a 445 millones de pesos. Su empresa EPEL LLC, registrada en Florida, habría operado como vía para transferencias irregulares de activos. Además, un dictamen pericial de 2017, basado en el Protocolo de Estambul, lo identifica como participante directo en actos de tortura contra Israel Vallarta, sin que hasta ahora la Fiscalía General de la República haya iniciado acciones penales.


Apodado “El Gólem”, Margolis ha sido asesor de seguridad para la comunidad judía y presunto agente del Mossad. Su empresa, ahora bajo presión, estaría cediendo operaciones a su socio Ernesto Mizrahi Haiat, mientras surge una nueva firma: Total Shield, vista como intento de sobrevivir al escrutinio legal.