En un paso que podría redefinir la política social en el Estado de México, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que los programas sociales sean inscritos en la Constitución local avanzó este martes en comisiones del Congreso estatal. El objetivo es claro: garantizar que estos apoyos sean permanentes, cuenten con presupuesto asegurado y estén libres de uso con fines electorales.

La iniciativa, presentada por el diputado Mariano Camacho en representación del Grupo Parlamentario priista, fue discutida durante una sesión conjunta de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo y Bienestar Social. El planteamiento busca, según sus promotores, blindar los recursos destinados a combatir la pobreza para que no puedan ser utilizados como herramientas de chantaje político o compra de votos durante procesos electorales.

“El combate a la pobreza es una responsabilidad que debemos compartir todos los que estamos involucrados en la vida pública; la creación de programas sociales específicos para combatir la pobreza de manera frontal deben ser fortalecidos y elevados a rango constitucional”, afirmó Camacho.

La propuesta priista plantea reformar el párrafo noveno del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de México, con el fin de que los recursos para los programas sociales se entreguen puntualmente y sin recortes injustificados, asegurando así su continuidad. Además, la reforma incluiría la obligación de que el presupuesto asignado sea intocable y que se establezcan criterios claros para ampliar progresivamente el número de beneficiarios.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad, quienes, de aprobarse la reforma, contarían con un respaldo institucional sólido y permanente. El PRI subraya que el Estado no debe permitir que este sector quede sin protección, especialmente en un contexto donde la desigualdad de género y la pobreza se entrelazan.

Durante la sesión de comisiones, además de la iniciativa del PRI, se presentaron otras cuatro propuestas relacionadas con la política social: una impulsada por el Gobierno del Estado de México y tres más por legisladores de distintas fuerzas políticas. El hecho fue celebrado por Camacho como un ejemplo de coincidencia en el fondo del tema, más allá de las diferencias partidistas.

“Celebro que coincidamos en la esencia de cuidar los programas sociales, que tengan un crecimiento económico y un crecimiento progresivo en el número de beneficiarios, y que tengan criterios que nos permitan sacar a más mexiquenses de la pobreza”, sostuvo el legislador.

El Grupo Parlamentario del PRI insiste en que la propuesta no solo busca dar continuidad a los programas ya existentes, sino también elevarlos a rango constitucional, lo que obligaría a futuros gobiernos estatales a mantener y fortalecer estas políticas, sin importar los cambios de administración o de ideología en el poder.

Especialistas consultados en el Congreso señalan que esta medida podría representar un avance en materia de certeza y transparencia en el uso de recursos públicos, aunque advierten que la clave estará en los mecanismos de supervisión y evaluación que acompañen a la reforma. Sin una fiscalización estricta, advierten, el riesgo de desvío o mal uso de los apoyos podría persistir.

Con el aval de las comisiones unidas, la propuesta del PRI pasará en los próximos días al Pleno del Congreso mexiquense para su discusión y eventual aprobación. De concretarse, el Estado de México se uniría a otras entidades del país que han blindado constitucionalmente sus programas sociales, buscando que la política social esté guiada por el bienestar ciudadano y no por intereses electorales.

Esta reforma, en palabras de sus impulsores, representaría un compromiso de largo plazo con las familias mexiquenses, asegurando que el combate a la pobreza no dependa de voluntades políticas momentáneas, sino que se convierta en una obligación legal respaldada por la máxima norma del estado.