En la Ciudad de México (CDMX), los llamados “viene-viene” o franeleros serán sancionados con arrestos de entre 24 y 36 horas por apartar lugares en la vía pública y cobrar por su uso. 

Este viernes 15 de agosto del 2025, el Pleno del Congreso capitalino aprobó por unanimidad, con 53 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la reforma a la Ley de Cultura Cívica, que sanciona la ocupación indebida de la vía y el espacio público, con el objetivo de frenar los abusos de franeleros y recuperar las calles para el uso y disfrute de la ciudadanía.

Durante el segundo periodo extraordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la Tercera Legislatura, se avaló la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que establece sanciones de arresto inconmutables de 24 a 36 horas, especialmente si se sorprende a los infractores exigiendo pagos o cometiendo actos que afecten directamente a terceros.

La reforma, que fue enviada por Brugada Molina el 17 de junio, incorpora el concepto de “vía pública” en la ley, añade el artículo 28 Bis y modifica el artículo 32 para establecer infracciones específicas contra quienes “aparten lugares, cobren ilegalmente por estacionar o cuidar vehículos, laven un vehículo en la vía pública y se aprovechen indebidamente del espacio público para beneficio personal”.

La vía pública no se negocia, no se privatiza y seguirá siendo de todas y todos los capitalinos”, afirmó el diputado Pedro Haces Lago, de la bancada mayoritaria de Morena, a nombre de la comisión dictaminadora.

Señaló que esta problemática, presente en gran parte de la Ciudad de México, genera congestión vial, aumenta la contaminación y ha derivado en denuncias por intimidación, extorsión y daños a la propiedad.

Sin embargo, el morenista aclaró que la reforma “no es en contra de gente trabajadora; es en contra de las prácticas abusivas y la apropiación ilegal de lo que es de todos. Es a favor de la movilidad, de la seguridad y de la convivencia”, indicó.

Detalló que el dictamen contempla que el Gobierno capitalino ofrezca programas de empleo y capacitación a quienes actualmente dependen económicamente de esta actividad, con el fin de brindar alternativas.

Respaldan la medida

Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Royfid Torres respaldó la medida, aunque advirtió que se queda corta al no abordar de fondo la regulación del trabajo no asalariado, lo que podría afectar a quienes se dedican a esta actividad por falta de oportunidades laborales.

La regulación del espacio público no es un problema nuevo; se da por la falta de oportunidades, por el crecimiento de esta ciudad y por el rezago en la generación de empleos. Esperamos que esta reforma ayude a combatir este problema, pero sobre todo que se generen alternativas para quienes se dedican a esta actividad. Eso es en lo que el gobierno les ha fallado”, afirmó.

Por su parte, el líder del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Jesús Sesma, defendió el dictamen y expresó que:

Se atiende una necesidad real: poner fin a la apropiación indebida en las calles por personas que exigen pagos para poder estacionarse o simplemente para poder circular”.

Agregó que la actividad genera más de dos millones de pesos semanales, dinero que, en muchos casos, termina en manos de grupos delictivos, advirtió.

El dictamen es un paso decisivo para sancionar administrativamente a quienes ocupan y usan las vialidades para coaccionar a la ciudadanía. Estas conductas pueden escalar a delitos tipificados en el Código Penal local, como extorsión, amenazas, robo de vehículos, robo de autopartes, daño a la propiedad o lesiones”, remarcó Sesma.

Recuperar el espacio público no es un capricho: es justicia, es seguridad y es dignidad para todas y para todos. La jefa de Gobierno ha sido muy clara: el espacio público es un derecho, y esta ciudad debe garantizarlo”, concluyó Pedro Haces.

El dictamen será remitido a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.