El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, por un monto de 15 mil 100 millones 27 mil 506 pesos, que incluye el presupuesto base para actividades ordinarias y la Cartera Institucional de Proyectos. Además, se avaló un presupuesto precautorio de 3 mil 119 millones 405 mil 112 pesos para la posible organización de una Consulta Popular.

Durante la sesión extraordinaria, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, subrayó que el presupuesto austero no implica recortes en la calidad de las funciones constitucionales, sino que representa una cultura administrativa racional, eficiente y eficaz. “Este anteproyecto es una expresión concreta de la sensibilidad y capacidad del Instituto para responder con eficiencia a las exigencias operativas y normativas”, afirmó.

El presupuesto contempla recursos para preparar el Proceso Electoral Federal 2026–2027, que incluye la renovación de la Cámara de Diputados y la segunda etapa de elección de magistraturas y personas juzgadoras del Poder Judicial. También se prevé la organización del proceso electoral local en Coahuila, así como proyectos estratégicos para fortalecer la cultura democrática, la inclusión, la equidad de género y la protección de datos personales.

En otro punto de la sesión, el INE aprobó el financiamiento público para los partidos políticos nacionales en 2026, por un total de 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos, que se distribuirá entre actividades ordinarias, específicas, franquicia postal y telegráfica. Se reservaron 73 millones 681 mil 518 pesos para franquicia postal y 346 mil 746 pesos para franquicia telegráfica, a distribuirse en el segundo semestre del año.

La Consejera Dania Ravel Cuevas, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, recordó que el 30 % del financiamiento se asigna de forma igualitaria y el 70 % según los resultados de la última elección de la Cámara de Diputados. Además, destacó que los partidos deben destinar el 3 % del financiamiento público ordinario a actividades de capacitación y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. “El destino de estos recursos resulta fundamental para construir una democracia paritaria sólida”, enfatizó.