La madrugada del 20 de agosto, en un operativo simultáneo que se extendió por cinco alcaldías de la Ciudad de México y dos municipios del Estado de México, fueron detenidas trece personas presuntamente vinculadas al caso Ximena Guzmán y José Muñoz, un doble homicidio que desde su aparición se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad institucional y la urgencia de justicia sin simulación.

Las detenciones se realizaron con precisión quirúrgica. Elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, ejecutaron órdenes de aprehensión contra individuos que, según fuentes cercanas al expediente, habrían participado en la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen que arrebató la vida a dos figuras incómodas para el poder: Ximena, activista ambiental con trayectoria comunitaria, y José, periodista independiente que documentaba redes de corrupción en alcaldías del sur de la capital.

Los cuerpos de ambos fueron encontrados el pasado 28 de julio en un paraje de Xochimilco, con signos de violencia y rastros de desplazamiento forzado. Desde entonces, el caso escaló en tensión mediática y presión social. Colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y gremios periodísticos exigieron una investigación sin simulación, alertando sobre posibles móviles políticos y vínculos con grupos delictivos que operan bajo protección institucional.

Entre los detenidos figuran exfuncionarios de seguridad pública, operadores logísticos de una célula criminal con presencia en Tláhuac y Milpa Alta, y al menos dos individuos que habrían participado directamente en la ejecución del ataque. La Fiscalía confirmó que se aseguraron dispositivos electrónicos, documentación sensible y testimonios que podrían revelar el origen de las órdenes, así como los beneficios que algunos actores políticos habrían obtenido del silencio posterior.

La narrativa oficial, sin embargo, se mantiene cauta. El jefe de Gobierno emitió un breve pronunciamiento asegurando que “no habrá impunidad” y que se llegará “hasta las últimas consecuencias”, sin responder a cuestionamientos sobre los presuntos vínculos entre los detenidos y funcionarios en activo. La Comisión de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para los familiares de las víctimas, ante el temor fundado de represalias.

Mientras tanto, el hashtag #JusticiaParaXimenaYJosé volvió a posicionarse como tendencia nacional. La indignación ciudadana se mezcla con la sospecha: ¿se trata de un avance real en la investigación o de una estrategia mediática para contener el descontento? La vocera del colectivo Justicia para Ximena y José fue contundente: “No basta con detener a los autores materiales. Queremos saber quién dio la orden, quién encubrió y quién se benefició del silencio”.

La investigación sigue abierta. Las trece detenciones son apenas el primer trazo de una red que, si se sigue con rigor, podría revelar complicidades que van más allá del crimen. Porque cuando la memoria se convierte en exigencia, cada omisión institucional se vuelve cómplice. Y en este caso, la justicia no puede permitirse titubeos.