Por CCO Noticias – Las comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron por unanimidad reformas que elevan a rango constitucional diversos programas sociales, con el objetivo de garantizar derechos para personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres, trabajadores del campo y pescadores de pequeña escala. El dictamen, resultado de iniciativas presentadas por las bancadas de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, fue avalado en reunión de trabajo por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo y Bienestar Social.

La reforma establece que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como todas las personas mayores de esa edad, tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva, sin necesidad de haber cotizado previamente. Además, contempla servicios de rehabilitación y habilitación para personas con discapacidad, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.

También se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, y se establece que el Estado deberá garantizar, de manera progresiva, los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo. En materia rural, se asegura la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a quienes cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables o especies que requieran procesamiento. Se otorgará un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores, así como un apoyo económico anual a pescadores de pequeña escala.

La reforma incluye un apoyo económico periódico para mujeres en condición de vulnerabilidad que habiten en el territorio estatal. Asimismo, se establece que el Estado deberá destinar anualmente recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión. El monto asignado no podrá disminuirse en términos reales respecto al ejercicio fiscal anterior.

El dictamen incorpora el concepto de “desarrollo social” en el artículo 5 de la Constitución local y garantiza el ejercicio —y no solo el acceso— de los derechos sociales y la dignidad humana. Legisladores de distintas bancadas celebraron el consenso alcanzado. Edmundo Luis Valdeña (Morena) destacó el mensaje de diálogo y voluntad política; Octavio Martínez Vargas calificó la aprobación como un hecho de trascendencia histórica, recordando que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, según el Inegi.

Mariano Camacho (PRI) reconoció los avances en política social, pero llamó a atender los retos que persisten en salud, señalados por la medición de pobreza multidimensional. En respuesta, Octavio Martínez acusó que el sistema de salud fue quebrado por gobiernos anteriores, y aseguró que la gobernadora trabaja en coordinación con el gobierno federal para corregir esta situación.

Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) refrendó el compromiso de su bancada con la justicia social y pidió una asignación presupuestal responsable y evaluable. Ruth Salinas Reyes (MC) subrayó la importancia de reconocer el derecho a una vivienda digna, advirtiendo que la crisis habitacional perpetúa la desigualdad y las brechas de exclusión.