Franja de Gaza, 23 de agosto de 2025. La ONU ha declarado oficialmente la fase de hambruna en Gaza, el nivel más severo de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (CIF). Más de 500 mil personas enfrentan inanición, mientras 1.07 millones viven bajo emergencia alimentaria aguda, según el Comité de Revisión de la Hambruna. La cifra representa más de la mitad de la población del enclave palestino.


La declaración no es solo técnica: es política. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la situación como un “colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana” y un “crimen de guerra”. La hambruna, dijo, “no tiene que ver con la comida; tiene que ver con la obstrucción sistemática de la ayuda humanitaria”.


Israel, por su parte, ha rechazado el informe, calificándolo de “mentira descarada” y “propaganda de Hamas”. El Ministerio de Defensa israelí asegura que ha permitido la entrada de más de 10 mil camiones de ayuda desde mayo, aunque organismos internacionales denuncian bloqueos sistemáticos y bombardeos sobre rutas humanitarias.


La fase 5 de la CIF implica que al menos uno de cada cinco hogares sufre carencia extrema de alimentos, con niveles críticos de desnutrición aguda y mortalidad. En Gaza, esto se traduce en niños que se desmayan por hambre, familias que raspan ollas vacías y desplazados que mueren intentando alcanzar camiones de ayuda.

La hambruna no es una consecuencia: es una estrategia. Organismos como la OMS, FAO y UNICEF han exigido un alto al fuego inmediato, acceso humanitario sin restricciones y el fin del uso del hambre como arma militar. La comunidad internacional, hasta ahora, ha respondido con declaraciones tibias y condenas sin consecuencias.


Gaza no está muriendo por falta de alimentos. Está siendo asfixiada por decisiones políticas que convierten la supervivencia en resistencia. La hambruna es el rostro más brutal de la ocupación: uno que exige justicia, no solo ayuda.