Ciudad de México, 23 de agosto de 2025. Aunque el discurso oficial presume avances en cobertura médica, la realidad sigue golpeando a millones de mexicanos que enfrentan un sistema de salud público con reflejos lentos y capacidad de respuesta debilitada. En 2024, 44.5 millones de personas vivían con carencia por acceso a servicios de salud, una cifra que, aunque menor a los 50.4 millones reportados en 2022, sigue siendo superior a los niveles registrados en 2016, 2018 y 2020.


Expertos advierten que esta aparente mejora no representa una solución estructural, sino una reducción estadística que oculta el deterioro institucional. La falta de atención oportuna obliga a millones a recurrir a consultorios privados, clínicas improvisadas y hospitales que operan fuera del alcance del sistema público. El gasto de bolsillo se ha convertido en rutina para quienes no encuentran respuesta en el IMSS, ISSSTE o los servicios estatales.


La inequidad se profundiza: mientras algunos sectores acceden a atención especializada, otros enfrentan listas de espera, desabasto de medicamentos y diagnósticos tardíos. “La salud se ha privatizado por omisión”, señalan analistas, al denunciar que el Estado ha cedido su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la salud.


La cifra de 44.5 millones no es solo un número: es el rostro de madres que postergan tratamientos, adultos mayores que esperan meses por una consulta, y jóvenes que se endeudan para atenderse. Es también el síntoma de un sistema que, lejos de sanar, reproduce la enfermedad de la desigualdad.