Ciudad de México, 25 de agosto de 2025.
A más de cuatro años del colapso de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas muertas y más de 100 heridas, no hay un solo responsable político sancionado. Ningún alto funcionario ha enfrentado consecuencias penales, administrativas ni políticas. La tragedia fue sepultada bajo una narrativa oficial de “fallas estructurales heredadas”, mientras las víctimas siguen esperando justicia.

Hoy, el país enfrenta un nuevo episodio de negligencia institucional: el descarrilamiento del Tren Maya en el tramo 5 norte, ocurrido el pasado 20 de agosto.

Aunque el gobierno atribuyó el incidente a “condiciones climáticas adversas”, los audios filtrados por medios independientes revelan una red de corrupción que compromete la seguridad del megaproyecto ferroviario.

En las grabaciones, se escucha a Amílcar Olán —empresario cercano a Andy López Beltrán, hijo del expresidente— negociar sobornos con laboratorios encargados de certificar la calidad del balasto, el material sobre el que se colocan las vías del tren. “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”, se escucha decir en tono burlón. La frase, lejos de ser anecdótica, exhibe el desprecio por la seguridad pública y la certeza de impunidad que rodea al círculo íntimo del poder.

Los audios también involucran a Pedro y Osterlen Salazar Beltrán, primos de Andy y Bobby López Beltrán, quienes presuntamente operan el esquema de sobornos para bloquear a proveedores y manipular certificaciones técnicas. La piedra balasto, clave para la estabilidad de las vías, se habría colocado sin pruebas de calidad, bajo la protección de contratos asignados desde Palacio Nacional.

El PRI, en su cuenta oficial de X, lanzó una acusación directa: “Ni un responsable por la tragedia de la Línea 12. Y ahora con el descarrilamiento del Tren Maya, tampoco lo habrá a pesar de los audios del amigo de Andy.” La frase sintetiza el hartazgo social ante una administración que presume combate a la corrupción mientras protege a sus aliados más cercanos.

La impunidad no es casual. Es estructural. En ambos casos —Línea 12 y Tren Maya— se repite el patrón: negligencia técnica, contratos opacos, vínculos familiares y silencio institucional. La Fiscalía General de la República no ha abierto investigaciones contra los implicados en los audios. El presidente no ha emitido postura alguna. Y el Congreso, dominado por la mayoría oficialista, ha bloqueado cualquier intento de fiscalización.

La memoria editorial exige recordar que el Tren Maya ha sido presentado como símbolo de transformación, justicia social y desarrollo regional. Pero detrás de esa narrativa, se esconde una red de intereses que pone en riesgo vidas, recursos públicos y credibilidad institucional.

La exigencia es clara: no más simulación. No más blindaje a los amigos del presidente. No más megaproyectos construidos sobre piedra falsa y silencio oficial. México merece obras públicas seguras, transparentes y libres de corrupción. Y merece, sobre todo, justicia para las víctimas que el poder ha decidido olvidar.

La memoria editorial exige recordar que el Tren Maya ha sido presentado como símbolo de transformación, justicia social y desarrollo regional. Pero detrás de esa narrativa, se esconde una red de intereses que pone en riesgo vidas, recursos públicos y credibilidad institucional.
La exigencia es clara: no más simulación. No más blindaje a los amigos del presidente. No más megaproyectos construidos sobre piedra falsa y silencio oficial. México merece obras públicas seguras, transparentes y libres de corrupción. Y merece, sobre todo, justicia para las víctimas que el poder ha decidido olvidar.