En medio de una de las confesiones más esperadas en la historia del narcotráfico mexicano, el abogado Frank Pérez, defensor de Ismael “El Mayo” Zambada, salió al paso de las especulaciones y negó tajantemente que su cliente tenga un “acuerdo de cooperación” con el gobierno de Estados Unidos. La declaración ocurre luego de que el fundador del Cártel de Sinaloa se declarara culpable ante la Corte Federal de Nueva York por dos cargos de narcotráfico, en un proceso que ha encendido las alarmas tanto en México como en Washington.


La admisión de culpabilidad por parte de Zambada, considerado uno de los capos más longevos y discretos del crimen organizado, desató una ola de rumores sobre posibles negociaciones con autoridades estadounidenses, incluyendo la entrega de información sobre redes criminales, rutas de tráfico y presuntos vínculos políticos. Sin embargo, el abogado fue enfático: “No hay acuerdo de cooperación. No existe ningún trato con el gobierno de Estados Unidos.”


Este deslinde busca contener la narrativa que desde hace días circula en medios y redes, donde se especula que Zambada podría convertirse en testigo clave en procesos judiciales contra funcionarios mexicanos, militares y políticos presuntamente vinculados al narcotráfico. La declaración de culpabilidad, aunque contundente, no incluye compromisos de colaboración ni revelaciones públicas hasta el momento.

El caso de El Mayo Zambada marca un punto de inflexión en la relación bilateral en materia de seguridad. Su figura, durante décadas envuelta en misterio y poder, ha sido considerada intocable por muchos analistas. A diferencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, su socio histórico, Zambada logró evadir la captura durante más de 40 años, operando desde las sombras con una red de protección institucional que aún no ha sido plenamente desmantelada.

La postura de su defensa legal busca blindar el proceso judicial de interpretaciones políticas y evitar que se convierta en un catalizador de crisis institucional en México. Mientras tanto, en el Congreso mexicano, legisladores de oposición han comenzado a exigir que la Fiscalía General de la República abra investigaciones paralelas en territorio nacional, ante la posibilidad de que las confesiones del capo revelen complicidades internas.

La declaración de culpabilidad de Zambada no solo sacude los cimientos del Cártel de Sinaloa, sino que también pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para responder con transparencia y firmeza ante uno de los episodios más delicados en la lucha contra el crimen organizado. El silencio institucional, por ahora, se mantiene.