En un momento de inflexión histórica para el sistema judicial mexicano, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, presentó un informe que busca proyectar modernización, sensibilidad social y rendición de cuentas. Lo hizo ante los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en un acto que no solo honra la memoria del magistrado Gustavo A. Barrera Graf, sino que pretende marcar el inicio de una nueva etapa en la impartición de justicia.

Durante ocho meses de gestión, se procesaron más de 165 mil asuntos y se concluyeron 133 mil juicios en los 218 órganos jurisdiccionales del estado, con el trabajo de 4,580 servidores públicos. La carga judicial se distribuyó en materias penal (43.2%), civil y mercantil (36.5%), familiar (19.7%) y adolescentes (0.4%), con 9 jurisprudencias emitidas por tribunales de alzada. En materia familiar, se registraron más de 78 mil acciones iniciales, mientras que en lo civil y mercantil se iniciaron 33 mil juicios, destacando el usucapión, el desahucio y la información de dominio. La justicia laboral, con más de 7,700 asuntos, se mantuvo sin huelgas estalladas y con avances en expediente electrónico y modalidad cero papel.

Uno de los ejes más sensibles del informe fue la aplicación de la Ley de Amnistía, con 6,307 solicitudes recibidas y 3,123 amnistías concedidas. Dos casos emblemáticos fueron resueltos por la Sala de Asuntos Indígenas: Longino, hombre náhuatl condenado sin defensa adecuada, y Bonifacia, mujer mazahua víctima de violencia estructural. Sus testimonios, cargados de dolor y dignidad, editorializan el informe con una narrativa de justicia restaurativa que trasciende el dato. En paralelo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos resolvieron el 98.4% de los 14,537 asuntos iniciados, consolidando al Estado de México como referente nacional en mediación familiar.

La modernización tecnológica también fue protagonista. El tribunal electrónico versión 2 registró 26 millones de consultas, con acceso desde las 32 entidades federativas y 30 países. Se implementó una herramienta de audio para personas con discapacidad visual, y se incrementó en 28% la tramitación de firmas electrónicas. El Poder Judicial mantuvo certificaciones ISO en calidad, antisoborno y seguridad de la información, siendo el único en el país con la ISO 27001. En materia de combate a la corrupción, se recibieron 795 denuncias, con 73 casos que derivaron en presunta responsabilidad administrativa, un aumento del 39% respecto al año anterior.

A pesar de operar con una tasa de jueces de 2.5 por cada 100 mil habitantes —por debajo de la media nacional de 5.1— y con un presupuesto inferior al promedio nacional, el Poder Judicial del Estado de México genera el 19% de las sentencias civiles del país, el 15% penales, el 10% laborales, el 9% familiares, el 2.7% en adolescentes y el 2% mercantiles. Se destaca también la implementación del modelo de justicia abierta, la atención a pueblos originarios y afrodescendientes, y el acuerdo con los 125 municipios para operar el juzgado en línea contra la violencia familiar.

La Escuela Judicial emitió seis convocatorias con 975 aspirantes, celebró el Congreso Internacional de Educación Judicial 2025 y formalizó convenios con el poder ejecutivo. Se conformó el órgano de coordinación para implementar la reforma judicial, que incluye el nuevo tribunal de disciplina y el órgano de administración judicial. El informe concluye con un llamado a la corresponsabilidad institucional, reconociendo que detrás de cada expediente hay una historia de vida y un legítimo anhelo de justicia.

Fernando Díaz Juárez cerró su comparecencia con un mensaje que busca proyectar unidad, ética y transformación: “Los poderes judiciales no pueden seguir siendo ínsulas ajenas a las necesidades sociales. Hoy estamos convocados a ser partícipes efectivos de una verdadera transformación”. La rendición de cuentas se presentó como un acto republicano, pero también como una oportunidad para que la ciudadanía reconozca lo logrado y exija lo que aún falta por hacer. Porque en el Estado de México, la justicia no puede ser solo institucional: debe ser profundamente humana.