En una sesión parlamentaria marcada por la tensión, los llamados constantes al orden y la confrontación abierta, el senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, protagonizó un discurso incendiario que sacudió el recinto legislativo y buscó resonar más allá de las fronteras mexicanas. Dirigiéndose al pueblo de México, a organismos internacionales como la ONU, la OEA y al cuerpo diplomático acreditado en el país, Moreno denunció lo que calificó como una “estrategia sistemática de persecución política” orquestada desde la Presidencia de la República por el gobierno de Morena.

El legislador acusó al oficialismo de haber pactado con el crimen organizado, de haber destruido el Estado de Derecho y de haber convertido al país en un “cementerio” donde las instituciones han sido arrasadas y la justicia ha muerto. Señaló una supuesta sobre representación legislativa que permitió a Morena y sus aliados alcanzar mayorías calificadas, lo que habría facilitado el desmantelamiento del Poder Judicial y la desaparición de organismos autónomos incómodos al régimen.

Moreno advirtió sobre una inminente reforma electoral que, según sus palabras, busca eliminar la pluralidad política y consolidar un régimen autoritario desde las urnas. Acusó al gobierno de impulsar leyes para censurar a los medios de comunicación, perseguir a la oposición y convertir a los jueces en operadores sumisos del poder. La narrativa se tornó aún más grave al comparar el impacto del gobierno de Morena con el de organizaciones terroristas internacionales, afirmando que la alianza entre el poder político y el crimen organizado ha provocado más muertes que Al-Qaeda, Sendero Luminoso, las FARC o el Estado Islámico.

El senador cerró con un llamado a la comunidad internacional para no permitir que México se convierta en una nueva Venezuela, y aseguró que el PRI no se doblará ni se echará para atrás en la defensa de la democracia, incluso “si eso cuesta la vida”. Con gritos de “¡Que viva México!” y “¡No les tenemos miedo!”, el discurso se convirtió en una declaración de guerra política, en un momento que Alejandro Moreno calificó como un “día negro” para la República.