En Campeche, el Congreso se arrodilló. Con 18 votos sumisos de Morena, PT y PVEM, se aprobó la llamada “Ley Alito”, una reforma a la Ley de Expropiación que no sólo vulnera el derecho de propiedad, sino que institucionaliza el despojo como política pública. La gobernadora Layda Sansores, en su cruzada personal contra el pasado priista, ha logrado que el Estado pueda ocupar predios privados sin pagar de inmediato, sin avalúo independiente y sin garantías mínimas de defensa para los ciudadanos.

La nueva ley permite que el gobierno declare “utilidad pública” en cinco días, ocupe terrenos antes de formalizar la expropiación, y pague en abonos durante diez años. Si el propietario no reclama la indemnización en tres años, el dinero se lo queda el Estado. ¿Justicia? No. Es una emboscada jurídica disfrazada de reforma.

Los diputados que levantaron la mano no legislaron: obedecieron. Convirtieron el Congreso en una notaría del Ejecutivo, validando una ley que puede usarse para ajustar cuentas políticas, castigar disidencias o beneficiar intereses privados bajo el manto de lo público. La diputada Delma Rabelo lo dijo claro: “Es una ley para el despojo”. Pero la mayoría prefirió callar, aplaudir y aprobar.

Aunque se niega que tenga dedicatoria, el nombre lo delata. “Ley Alito” no es sólo una referencia al exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, sino una advertencia: si el gobierno decide que tu propiedad tiene “utilidad pública”, no hay defensa efectiva. El Estado se convierte en juez, parte y beneficiario.

Layda Sansores ha convertido la expropiación en herramienta de poder. Y el Congreso, en cómplice institucional. Campeche no avanza: retrocede hacia un autoritarismo legalizado, donde la propiedad privada es negociable y la justicia, opcional.