Siete bebés fallecieron en hospitales del Valle de Toluca tras recibir una fórmula nutricional contaminada con Klebsiella oxytoca, una bacteria altamente agresiva que provoca infecciones intestinales y septicemia. El producto fue distribuido por la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., contratada por instituciones públicas y privadas sin los controles sanitarios exigidos por la norma oficial.


La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la detención de tres empleadas de la empresa, acusadas de homicidio por negligencia. Sin embargo, familiares de las víctimas y organizaciones civiles exigen que se investigue también a funcionarios del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), por omisión en la supervisión, adquisición y distribución del producto.


El caso, que comenzó con la hospitalización de 15 recién nacidos entre julio y agosto, dejó un saldo de 13 muertes, de las cuales siete ocurrieron en Toluca, tres en Metepec y tres más en hospitales privados de Lerma y Zinacantepec. Dos bebés sobrevivieron, pero presentan secuelas neurológicas graves.

La empresa, con sede en Naucalpan, había sido sancionada en 2022 por irregularidades en el etiquetado de productos y almacenamiento sin refrigeración. A pesar de ello, obtuvo contratos por adjudicación directa en 2023 y 2024, lo que abre la puerta a una red de complicidades entre proveedores y autoridades sanitarias.


La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria nacional, pero hasta el momento no ha suspendido la operación de la empresa ni ha iniciado procedimientos administrativos contra los funcionarios responsables. El silencio institucional ha sido la constante.


Organizaciones como Red por la Infancia y el Colectivo de Madres por la Verdad convocaron a una vigilia frente al Palacio de Gobierno en Toluca, exigiendo justicia, reparación integral y garantías de no repetición. “Nuestros hijos no murieron por una bacteria, murieron por negligencia y corrupción”, declaró una madre durante la protesta.

Este caso se convierte en símbolo de una tragedia institucional que exige memoria, justicia y una revisión profunda del sistema de adquisiciones médicas en el país. La muerte de los bebés no puede quedar en el archivo de lo inevitable, sino en la memoria de lo imperdonable.