Este 5 de septiembre, la LXII Legislatura del Estado de México celebrará el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legislativo, en un acto que marcará un precedente institucional: por primera vez, el Congreso local tomará protesta a las personas magistradas y juzgadoras del Poder Judicial, electas mediante voto popular.


La sesión solemne contará con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como de titulares del gabinete estatal y representantes de organismos públicos autónomos. El evento formaliza la nueva etapa del Poder Judicial mexiquense, derivada de la elección inédita celebrada el pasado 1 de junio, en la que la ciudadanía eligió directamente a sus representantes judiciales.


Durante la ceremonia, rendirán protesta Héctor Macedo García como presidente del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), cinco personas para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 30 para las magistraturas del TSJEM y 55 para las judicaturas de los distritos judiciales. La toma de protesta ante el Pleno legislativo simboliza el inicio de una nueva arquitectura institucional, con vocación democrática y legitimidad ciudadana.

Previo a la sesión, se llevará a cabo la junta de elección para definir la integración de la Directiva del Congreso, en la que las, le y los diputados locales designarán los cargos de presidencia, vicepresidencia y secretarías. Posteriormente, se votará el acuerdo para conformar la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano clave en la conducción legislativa, cuyos cargos serán ocupados por las personas coordinadoras de las bancadas parlamentarias.

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena) presentará su informe de resultados del primer año de ejercicio constitucional al frente de la Jucopo, en un momento que también representa balance y proyección legislativa.

Con esta sesión, el Congreso mexiquense no solo inaugura un nuevo periodo de trabajo, sino que celebra un hito democrático en la historia judicial del estado, consolidando el vínculo entre representación popular y justicia institucional.