Ciudad de México, 7 de septiembre de 2025.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal presentó los resultados de una operación conjunta sin precedentes que desmanteló una red criminal dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, con afectaciones multimillonarias al Estado mexicano. La acción coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) derivó en la detención de 14 personas, el aseguramiento de más de 10 millones de litros de diésel y la integración de 20 objetivos a la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante la conferencia encabezada por el Secretario Omar García Harfuch, se destacó que el operativo —iniciado en marzo con cateos simultáneos en Tamaulipas y el decomiso de 190 contenedores— reveló una estructura criminal que operaba con documentación apócrifa, empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos. Entre los detenidos figuran empresarios, marinos en activo y retiro, así como exfuncionarios de aduanas.

El Almirante Raimundo Pedro Morales, Secretario de Marina, reafirmó el compromiso institucional con la legalidad y la depuración interna: “La ley es para todos. No podemos ser tibios ante actos que vulneran la confianza ciudadana. Defender a la Marina es erradicar la corrupción sin excusas ni excepciones”. Se confirmó que ya hay subordinados detenidos y que el rango del vicealmirante implicado podría derivar en nuevas responsabilidades jerárquicas.

Por su parte, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero reveló que la investigación tiene más de dos años de trazabilidad, iniciada por solicitud del entonces Secretario Rafael Ojeda, quien pidió investigar sin distinción a todo el personal presuntamente vinculado. La operación incluyó colaboración con autoridades estadounidenses, quienes aportaron información clave sobre la comercialización y traslado irregular de combustible desde ese país.

Aunque se descartó relación directa con otros decomisos recientes en Tabasco y con el asesinato de un delegado federal en Tamaulipas, la FGR confirmó que las indagatorias continúan y podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión. Todos los predios vinculados a la red criminal han sido asegurados y están sujetos a procedimientos de extinción de dominio.

Con esta acción, el Gobierno Federal reafirma su política de cero tolerancia a la corrupción y su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del Estado mexicano. “La fortaleza de la República está en el combate frontal a quienes traicionan al país”, concluyó el Fiscal.