México acaba de recibir en suelo nacional a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto operador del huachicol fiscal, tras ser expulsado de Paraguay como extranjero ilegal. El traslado se realizó en un avión oficial de la Fiscalía General de la República, sin proceso de extradición, lo que ha encendido las alertas sobre un posible intento de protección institucional. Bermúdez será ingresado al penal federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde enfrentará cargos por asociación delictuosa, extorsión, narcomenudeo y secuestro exprés.

La captura de Bermúdez en Paraguay el pasado 12 de septiembre reveló una red internacional de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operadores financieros del crimen organizado. Su ingreso clandestino a Sudamérica, según autoridades paraguayas, tenía como objetivo instalar una célula criminal con respaldo logístico desde México. El fiscal antidrogas de Paraguay confirmó que el detenido contaba con protección política y recursos para operar en la región.

En México, Bermúdez es señalado como pieza clave en el entramado del huachicol fiscal, denunciado por el PRI como el mayor fraude institucional en la historia del país, con más de 550 mil millones de pesos desviados desde 2018. Su cercanía con altos mandos de Morena, incluyendo el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, lo ubica como operador directo del pacto de impunidad entre el gobierno y el crimen organizado. La narrativa oficial ha intentado minimizar su rol, pero documentos judiciales y testimonios lo vinculan con extorsiones a gasolineras, manipulación de aduanas y protección a redes de lavado de dinero.

La decisión del gobierno mexicano de desistirse de la extradición formal y optar por la expulsión inmediata ha sido interpretada por analistas como una maniobra para evitar que Bermúdez sea interrogado por autoridades estadounidenses, quienes también lo investigan por delitos transnacionales. En círculos diplomáticos se especula que Washington podría solicitar su extradición directa, ante el riesgo de que en México se le garantice impunidad.

El caso ya salpica al Senado de la República. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, exigió que el coordinador de los senadores de Morena —vinculado en actas notariales y reuniones de seguridad con Bermúdez— pida licencia inmediata. “Es el cártel de Estado operando desde las instituciones”, denunció. La llegada de Bermúdez a Toluca no es sólo un traslado judicial: es el aterrizaje de una red criminal que, según denuncias, fue diseñada desde la Presidencia de la República para financiar campañas, extorsionar sectores estratégicos y consolidar una narcodictadura institucional.

La exigencia es clara: cero impunidad, justicia internacional y transparencia total. Porque si este operador del huachicol fiscal es silenciado en México, el pacto criminal habrá cruzado una nueva frontera.