Más de 80 millones de dispositivos alertados, miles de inmuebles evacuados y protocolos revisados en todo el país

Este 19 de septiembre, a las 12:00 horas, México volvió a detenerse para recordar, prevenir y actuar. El Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevó a cabo con una hipótesis de sismo de magnitud 8.1, con epicentro simulado al oeste de Chamela, Jalisco, y una intensidad IX en la escala de Mercalli.

La alerta sísmica fue activada en más de 80 millones de celulares inteligentes, gracias al Sistema de Alertamiento Masivo coordinado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En la Ciudad de México, sonaron 27,800 altavoces del C5, mientras helicópteros Cóndores sobrevolaron la capital para monitoreo aéreo.

Participaron activamente:

  • CDMX, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde opera el sistema de alerta sísmica
  • Dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, que evacuaron inmuebles y activaron protocolos
  • Senado de la República y Poder Judicial, que se sumaron al ejercicio con personal capacitado

Además del sismo, se realizaron simulacros por huracán (Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur), incendio urbano (Durango, Guanajuato, Tamaulipas) y tsunami (costas de Baja California), en un esfuerzo por fortalecer la cultura de protección civil en escenarios múltiples.

“Recordar es prevenir. El simulacro no es rutina: es memoria activa, es exigencia institucional, es corresponsabilidad ciudadana”, señalaron autoridades de Protección Civil.

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) promovió el registro de inmuebles en la plataforma oficial, mientras alcaldías y corporaciones locales validaron rutas de evacuación, puntos de reunión y tiempos de respuesta.

A 40 años del sismo de 1985 y a ocho del de 2017, México reafirma que la prevención no es opcional. El simulacro es un acto de memoria, pero también de exigencia: que cada institución cumpla, que cada ciudadano sepa actuar, y que el Estado garantice protocolos eficaces.