Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, enfrenta prisión preventiva y podría recibir una condena de hasta 158 años de cárcel. El caso, que ha captado atención nacional, se convierte en símbolo de la presión judicial contra estructuras delictivas con presuntos vínculos políticos.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas que lo vinculan con delitos de secuestro, homicidio, extorsión y lavado de dinero. La defensa ha solicitado medidas cautelares, pero el juez de control determinó que existe riesgo de fuga y reiteración delictiva.

Este proceso judicial no sólo busca castigar a un individuo, sino enviar un mensaje institucional: el crimen organizado no puede seguir operando con impunidad. La sociedad exige que las condenas sean proporcionales al daño causado, y que la justicia no se detenga ante estructuras de poder.