En México, el delito de estupro —la cópula con adolescentes entre 15 y 18 años obtenida mediante engaño— permanece atrapado en una condición procesal que lo invisibiliza: sólo puede ser perseguido por querella. Esta exigencia legal no sólo perpetúa la impunidad, sino que revictimiza a las adolescentes, obligándolas a iniciar por sí mismas un proceso penal contra su agresor, incluso cuando dependen de él o carecen de redes de apoyo.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) propone modificar los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal para que el estupro se persiga de oficio y se contemplen agravantes. La iniciativa permitiría al Ministerio Público actuar sin necesidad de denuncia directa, cerrando una puerta estructural a la impunidad en uno de los delitos más silenciados del sistema jurídico mexicano.

Las agravantes incluyen diferencias de edad mayores a cinco años, entrega de dinero, favores o bienes para obtener consentimiento, y condiciones de vulnerabilidad como pobreza, abandono, adicción, violencia familiar, discapacidad o embarazo derivado de los hechos. La propuesta también deroga el artículo 263, que condiciona la acción penal a la queja de la víctima.

Durante 2023 se iniciaron más de 89 mil carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual. El estupro, sin embargo, permanece en la sombra, sin respuesta penal efectiva. La reforma no endurece penas sin reflexión: corrige una omisión que permite que menores embarazadas o desaparecidas no sean reconocidas como víctimas de delito.

La diputada señala que esta modificación es jurídicamente viable, socialmente urgente y éticamente impostergable. El Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de proteger a niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia, especialmente la sexual. Y esa protección no puede depender de una querella que muchas veces nunca llega.

Esta iniciativa no sólo reforma el Código Penal. Rompe el pacto de silencio que ha permitido que el estupro se esconda detrás de tecnicismos legales. Porque cuando la ley exige que una adolescente denuncie sola, lo que está legislando no es justicia: es abandono.