Movimiento Ciudadano relanza una iniciativa que busca garantizar un salario base para todas las personas deportistas profesionales, sin distinción de género, discapacidad o condición social. La propuesta, presentada en el foro “Cambiamos la Jugada” en el Senado de la República, retoma una reforma que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta en la legislatura pasada, pero que nunca fue votada en la Cámara de Diputados.

El senador Clemente Castañeda subraya que esta iniciativa no va contra la industria del deporte, sino que busca demostrar que el negocio deportivo es compatible con el derecho a condiciones laborales dignas. El deporte, afirma, debe ser política de Estado: por su capacidad de reconstruir tejido social, generar movilidad y pacificar territorios.

La diputada Patricia Mercado destaca que esta nueva versión se presenta bajo un marco legal más robusto, tras reformas constitucionales y laborales que obligan al Estado a cerrar la brecha salarial. La propuesta establece que será violatorio del principio de igualdad cualquier disposición que estipule salarios base distintos para trabajos iguales. La Secretaría del Trabajo será responsable de definir ese salario base, que podrá complementarse con compensaciones según disciplina y experiencia.

La iniciativa se respalda en voces que conocen el esfuerzo desde la pista, la cancha y el tatami. Paola Longoria, diputada y atleta, recuerda que la desigualdad no está en el entrenamiento, sino en la falta de apoyos. Juan Armando Ruiz, ex atleta paralímpico, exige romper con la visión que minimiza el esfuerzo de las mujeres y personas con discapacidad. Paola López Yrigoyen, ex futbolista, llama a negociar en buena fe entre poder público y privado. Marion Reimers, periodista deportiva, lo resume con precisión: “Los derechos son lluvia, no pastel. No le estamos quitando una rebanada a nadie. Estamos buscando que nos caiga por igual”.

La iniciativa no sólo busca justicia salarial. Busca transformar el deporte en México desde una perspectiva de género, dignidad y derechos laborales. Porque la disciplina, el esfuerzo y la entrega valen lo mismo. Y si el Estado no garantiza condiciones justas para quienes eligen el deporte como profesión, lo que está en juego no es sólo el salario: es la legitimidad de la igualdad sustantiva.