La tragedia por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ha dejado un saldo devastador: 26 personas fallecidas y decenas de heridos. El siniestro, ocurrido en una zona habitacional densamente poblada, expone una vez más la fragilidad de los protocolos de seguridad en el manejo de materiales peligrosos.

Vecinos reportan que el estallido se sintió a varios kilómetros de distancia, y que los cuerpos de emergencia tardaron en llegar debido al colapso de vialidades. El incidente ha reactivado el debate sobre la regulación de transporte de sustancias inflamables en zonas urbanas, así como la responsabilidad institucional en la prevención de este tipo de tragedias.

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y reparación. Iztapalapa no sólo llora a sus muertos: exige que el Estado garantice que una explosión como esta no vuelva a ocurrir.