La construcción de la nueva planta de procesamiento de uranio en Oak Ridge, Tennessee, ha entrado en una fase crítica marcada por sobrecostos millonarios y un retraso de casi una década. Lo que originalmente se proyectó como una instalación de 6,500 millones de dólares con operación plena en 2026, ahora se estima en 10,350 millones y con funcionamiento total hasta 2034, según el último informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense.

La planta, conocida como UPF (Uranium Processing Facility), está diseñada para sustituir al histórico Building 9212, una instalación que data de la Segunda Guerra Mundial y que sigue siendo clave para la producción de componentes nucleares estratégicos y reservas de combustible para la Armada de EE.UU. Sin embargo, el informe advierte que seguir confiando en el 9212 representa riesgos crecientes, ya que no cumple con los estándares modernos de seguridad nuclear.

A pesar de los retrasos, el Departamento de Energía y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) han logrado avances técnicos importantes. Cuatro de los siete subproyectos ya han sido completados, y todos los edificios del complejo han sido energizados, lo que marca el inicio de pruebas finales antes de su puesta en marcha.

Más de 480 proveedores en 42 estados han participado en la construcción, reafirmando el carácter estratégico del proyecto. La planta no sólo busca modernizar la infraestructura crítica del país, sino también proyectar a Estados Unidos hacia un futuro con capacidades nucleares más robustas, sostenibles y seguras.

En un contexto global marcado por la reconfiguración energética y la competencia tecnológica, Oak Ridge no es sólo una obra civil: es una apuesta geopolítica. Y aunque el calendario se ha extendido, el objetivo permanece intacto: garantizar que el poder nuclear estadounidense esté respaldado por instalaciones que respondan al siglo XXI.