En un país donde la privación ilegal de la libertad se ha convertido en una herida estructural, el diputado Mario Alberto López Hernández (PVEM) propone reformar el artículo 364 del Código Penal Federal para aumentar las penas por el delito de secuestro. La iniciativa busca elevar la sanción actual —de seis meses a tres años de prisión— a un rango de diez a quince años, además de incrementar la multa hasta mil días. El objetivo: que la condena pese tanto como el daño que deja.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, parte de una premisa ineludible: el secuestro no sólo vulnera a la víctima directa, sino que desgarra a su entorno familiar, social y patrimonial. La Organización de las Naciones Unidas lo define como un incidente crítico que socava los derechos humanos. En México, ese incidente se ha vuelto cotidiano.

El fenómeno adopta múltiples formas: extorsión, explotación sexual, fines políticos, disputas familiares, simulaciones, fraudes y hasta secuestros “virtuales” que no existen físicamente pero sí emocional y financieramente. La iniciativa reconoce esta diversidad criminal y la evolución constante de sus métodos, pero también subraya que la respuesta institucional no puede seguir siendo débil.

López Hernández advierte que no basta con reformar el papel: la aplicación efectiva y la prevención son claves. Pero elevar las penas es un mensaje claro de que el Estado no puede seguir tolerando que el secuestro se castigue con sanciones menores que no corresponden a la gravedad del delito.

Las movilizaciones sociales en todo el país han exigido justicia frente a este flagelo. Esta reforma no es la solución total, pero sí un paso firme para que la ley deje de ser cómplice por omisión. Porque cuando el secuestro se normaliza, lo que está en riesgo no es sólo la libertad: es la legitimidad misma del Estado.