Ante una de las crisis de derechos humanos más graves en México —con más de 125 mil personas desaparecidas—, la senadora Paloma Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa que busca brindar apoyo económico y laboral a las familias que enfrentan esta tragedia.

La propuesta legislativa tiene como objetivo reconocer como derecho constitucional el acceso a empleo digno, programas de capacitación laboral y una inserción efectiva en el mercado. Se contempla también la formación en competencias digitales, habilidades blandas y oficios tradicionales, adaptados a las economías locales.

Además, se propone establecer incentivos fiscales y económicos para las empresas que contraten a víctimas de violencia o familiares de personas desaparecidas, como una forma de fomentar la inclusión y la reparación social.

Durante la presentación, la senadora Sánchez subrayó que el Estado ha fallado en garantizar justicia y acompañamiento a las víctimas, y que esta iniciativa representa un compromiso con la justicia social. “El verdadero camino hacia la reparación inicia cuando se otorgan oportunidades, se ofrece acompañamiento y se brinda apoyo a quienes enfrentan la pérdida más irreparable”, afirmó.

La iniciativa será discutida en comisiones en las próximas semanas, y se espera que genere un debate profundo sobre el papel del Estado en la atención a víctimas indirectas de desaparición forzada.