La explosión del pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, que dejó 30 personas muertas y decenas de heridos, no solo fue una tragedia humana: fue también una señal de alerta sobre el colapso silencioso del sistema de salud mexicano. En medio del caos, hospitales sin insumos básicos y personal médico sin herramientas mínimas para atender emergencias, dejaron a las víctimas y sus familias en una situación desesperada. Muchos tuvieron que salir a comprar por su cuenta gasas, vendas y medicamentos especializados que deberían haber estado disponibles en cualquier centro de salud público.

Este desabasto no es nuevo, pero lo que ha salido a la luz en las últimas semanas revela una red de corrupción y negligencia que compromete directamente la vida de millones de mexicanos. Detrás de la falta de insumos hay contratos millonarios otorgados a empresas sin experiencia, sin controles sanitarios y, en muchos casos, sin siquiera operar dentro del sector farmacéutico.

Una de las compañías señaladas por el gobierno federal es Puerta del Sol Capital, de origen chino, que recibió un contrato para entregar más de 21 millones de gasas médicas. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, la empresa ha incumplido con la entrega de casi 14 millones de piezas, lo que representa un 66.5% de incumplimiento. Esta situación no es aislada: en total, 33 empresas han dejado de entregar más de 43.9 millones de insumos médicos en todo el país.

El director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Rafael Gual Cosío, ha señalado que muchas de estas compañías “ni siquiera son farmacéuticas” y operan sin los registros sanitarios necesarios. Es decir, se trata de intermediarios que han convertido la compra de insumos médicos en un negocio lucrativo, sin importar las consecuencias para la salud pública.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado el 30 de septiembre como fecha límite para que las empresas cumplan con sus obligaciones contractuales. De lo contrario, serán inhabilitadas y excluidas de futuras licitaciones públicas. Sin embargo, el daño ya está hecho. La explosión en Iztapalapa no solo evidenció la falta de insumos en hospitales del Valle de México, sino que también reabrió el debate sobre la compra de medicamentos en el extranjero, muchas veces sin protocolos de revisión adecuados ni garantías de calidad para los pacientes.

La pregunta que queda en el aire es: ¿quién responde por las vidas perdidas? ¿Quién supervisa que los contratos se cumplan y que los insumos lleguen a tiempo y en condiciones óptimas? ¿Cuántas tragedias más deben ocurrir para que se ponga orden en este negocio opaco que ha convertido la salud en una mercancía?

La crisis de insumos médicos en México no es solo una falla administrativa: es una amenaza directa a la vida. Y mientras no se exijan responsabilidades claras, se transparente el proceso de compras públicas y se garantice la calidad de los productos que llegan a los hospitales, el sistema seguirá siendo una bomba de tiempo.