La confederación empresarial solicita participar en el análisis legislativo para evitar retrocesos en derechos ciudadanos y garantías legales

Ciudad de México.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su preocupación ante las reformas propuestas a la Ley de Amparo, al considerar que debilitan gravemente uno de los pilares históricos del Estado de derecho en México. La organización empresarial solicitó formalmente participar en las mesas de trabajo del Senado para garantizar que los cambios no afecten a los ciudadanos ni a quienes generan empleo en el país.

Las reformas, impulsadas por el Ejecutivo y publicadas el 13 de marzo de 2025, con ajustes adicionales presentados el 15 de septiembre, limitan los efectos generales de las sentencias y restringen el interés legítimo, lo que podría convertir el juicio de amparo en un recurso individual menos eficaz y más costoso para los ciudadanos.

Retroceso histórico en derechos colectivos

COPARMEX advirtió que las modificaciones propuestas eliminan la posibilidad de presentar amparos por interés colectivo, lo que dejaría a la sociedad en mayor vulnerabilidad frente a actos de autoridad. “Cada persona tendría que litigar sola, con más costos y menos certeza para todos”, señaló el organismo.

Además, se restringe la suspensión de actos de autoridad, mecanismo que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Esta medida, según COPARMEX, podría generar criterios contradictorios y mayor inseguridad jurídica, afectando tanto a ciudadanos como a empresas.

Impacto en el ámbito fiscal y judicial

En materia tributaria, la reforma al Código Fiscal de la Federación endurece plazos, amplía facultades de suspensión de certificados y permite la ejecución inmediata de créditos fiscales, lo que representa un riesgo para las operaciones empresariales y la generación de empleos.

Asimismo, los ajustes a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrían presionar políticamente a los magistrados mediante evaluaciones de desempeño y métricas sin salvaguardas suficientes. La digitalización obligatoria también podría excluir a personas y pequeñas empresas sin acceso tecnológico adecuado.

Intervención del Ejecutivo en la agenda judicial

Uno de los puntos más críticos señalados por COPARMEX es la facultad otorgada a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para priorizar asuntos en la Suprema Corte, lo que abre la puerta a la intervención del Poder Ejecutivo en la agenda judicial y erosiona la independencia de los tribunales.

Llamado al diálogo y fortalecimiento institucional

COPARMEX hizo un llamado firme y respetuoso al Poder Legislativo para reconsiderar las reformas, establecer un diálogo con la sociedad civil, la academia y los colegios de abogados, y preservar el juicio de amparo como un derecho histórico accesible a todos los ciudadanos.

“La seguridad jurídica es indispensable para atraer inversiones, fomentar la creación de empleos y consolidar un país en paz y crecimiento. Solo con instituciones sólidas, independientes y confiables México podrá mantener la justicia, la libertad y la competitividad”, concluyó el organismo.