Ciudad de México, 1 de octubre de 2025.– La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía Gutiérrez, fijó una postura crítica y contundente en tribuna durante la discusión del dictamen que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señaló que la iniciativa enviada por la presidenta de la República representa un retroceso en materia de derechos humanos, favorece la concentración del poder en las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos.

Murguía subrayó que el juicio de amparo nació para ponerle un alto al poder, y que desde su creación ha sido el instrumento más importante de protección frente a los abusos de autoridad. “No es una reforma pro persona, es pro autoridad; la reforma no fortalece el amparo, fortalece a las autoridades”, advirtió.

La senadora explicó que la figura jurídica del amparo se debilita en varios aspectos clave. En primer lugar, la definición del interés legítimo queda sujeta al criterio del juzgador, lo que complica la defensa de derechos colectivos. Puso como ejemplo la negativa de una autoridad a comprar vacunas contra el sarampión, donde sería difícil acreditar el perjuicio a los menores si no se puede determinar cuántos serían afectados.

También alertó sobre el debilitamiento de la suspensión del acto reclamado, medida cautelar que protege al quejoso mientras se resuelve el fondo del juicio. “Imaginemos que una persona promueve un amparo porque quieren demoler su casa para construir un parque; al prevalecer el interés social, el juez no podría decretar la suspensión, entonces la casa sería demolida sin importar lo que se resuelva en la sentencia”, explicó.

Murguía advirtió que no habrá suspensión provisional en casos relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que afectará directamente a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a contribuyentes que no podrán cubrir sus gastos operativos mientras se define su situación legal.

En materia fiscal, señaló que el amparo solo podrá promoverse hasta el momento de la convocatoria de remate, y que la suspensión estará condicionada al pago previo mediante billete de depósito o carta de crédito. “Es decir, en materia fiscal primero pagas y luego litigas”, sentenció.

La senadora también denunció que la reforma prohíbe la suspensión de permisos o autorizaciones revocadas por autoridades federales, lo que abre la puerta a represalias políticas. “Una persona o empresa incómoda al oficialismo podría ver revocados sus permisos, concesiones o licencias, incluso su cédula profesional, sin posibilidad de obtener la suspensión del acto reclamado”, advirtió.

Por todas estas razones, Guadalupe Murguía anticipó el voto en contra de la bancada panista y lamentó que una reforma tan trascendente para la vida democrática del país se haya procesado con prisas, improvisaciones y ajustes sobre las rodillas, bajo el sello de Morena y sus aliados.