La entrevista que Carmen Aristegui realizó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, dejó al descubierto no solo su falta de dominio legal, sino también las inconsistencias del discurso oficial de Morena. En su intento por justificar la expropiación de terrenos vinculados a familiares del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Sansores terminó desmintiendo sus propias versiones previas, evidenciando una narrativa construida más sobre impulsos políticos que sobre fundamentos jurídicos.

Alejandro Moreno, quien ha enfrentado durante siete años una campaña de hostigamiento desde el gobierno estatal y federal, respondió con contundencia: “Les he ganado absolutamente todo con la ley y la razón”. Su declaración no solo reafirma su postura, sino que subraya la debilidad institucional de quienes, desde el poder, intentan fabricar delitos para sostener una persecución política.

El caso Campeche se ha convertido en un espejo de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin límites ni respeto por el Estado de derecho. La gobernadora, al exhibirse en medios nacionales, no solo se contradice, sino que deja claro que el gobierno de Morena no puede sostener ni sus propias mentiras.

La verdad, como bien señala Moreno, siempre sale a la luz. Y en este episodio, ha quedado claro que la narrativa oficial se desmorona cuando se enfrenta a los hechos y a la ley.