En una sesión que se prolongó por casi seis horas, el Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con 76 votos a favor y 39 en contra, la mayoría conformada por Morena, PT y PVEM avaló la iniciativa en lo general, y posteriormente en lo particular con 70 votos a favor y 39 en contra. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde aún existe la posibilidad de que se corrijan aspectos que han generado profunda preocupación.

La sesión comenzó a las 17:30 horas, cuando la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio inicio formal a los trabajos. Desde el arranque, el ambiente fue tenso. Legisladores de Movimiento Ciudadano intentaron frenar la discusión mediante una moción suspensiva, argumentando que los parlamentos abiertos habían recibido más de 50 opiniones de especialistas y ciudadanos que advertían que la reforma es regresiva, debilita el juicio de amparo, desnaturaliza la suspensión de actos reclamados y amenaza la presunción de inocencia. La moción fue desechada sin mayor trámite por la mayoría oficialista.

Mientras algunos senadores revisaban sus celulares o afinaban detalles para promover eventos partidistas —como la senadora Andrea Chávez, quien preparaba una lona para invitar al acto masivo de la presidenta Claudia Sheinbaum—, en tribuna se discutía una reforma que podría redefinir el acceso a la justicia en México. La desconexión entre la magnitud del tema y la actitud de varios legisladores fue evidente.

Entre los cambios aprobados destaca la digitalización del juicio de amparo, la redefinición del “interés legítimo” —que ahora podrá acreditarse de forma individual o colectiva sin necesidad de que la afectación sea actual ni directa—, y la ampliación de plazos procesales. Los jueces tendrán hasta 90 días para resolver amparos indirectos, y en casos penales que afecten la libertad personal, los quejosos dispondrán de cinco días para presentar la garantía correspondiente.

En materia fiscal, se establecieron nuevas condiciones para obtener la suspensión de actos relacionados con créditos firmes, limitando las garantías a billetes de depósito emitidos por instituciones autorizadas. También se mantuvo la posibilidad de sancionar a servidores públicos que incumplan resoluciones judiciales, corrigiendo una propuesta inicial que pretendía trasladar ese costo al Estado o a la sociedad.

La oposición fue contundente en sus críticas. La senadora Carolina Viggiano (PRI) advirtió que la reforma despoja a los ciudadanos de garantías procesales vigentes, genera inseguridad jurídica y favorece a las autoridades por encima de los derechos individuales. “No se va a quitar el juicio de amparo, se va a restringir su admisión, su suspensión y la ejecución de la sentencia. Dejan al pueblo desamparado”, sentenció.

Por su parte, la panista Guadalupe Murguía ilustró los riesgos con un ejemplo claro: “Imaginemos que una persona promueve un amparo para evitar la demolición de su casa, pero como el proyecto es considerado de interés social, el juez no podría suspender el acto reclamado. Aunque gane el amparo, la casa ya estaría demolida”.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara (Morena) presentó una reserva que fue aceptada por la mayoría, estableciendo que los asuntos en trámite se regirán por las nuevas disposiciones. Aunque aseguró que no se vulneran derechos adquiridos ni se incurre en retroactividad, la oposición consideró que esta medida agrava la incertidumbre jurídica.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, defendió el dictamen como resultado de un proceso plural y transparente, con participación de especialistas y sociedad civil. Afirmó que la reforma moderniza el juicio de amparo sin sacrificar garantías, y que busca hacerlo más eficiente y accesible.

Sin embargo, la incredulidad persiste. La forma en que se desarrolló la sesión, la actitud de varios legisladores oficialistas y la rapidez con que se desechó el debate técnico, dejan la impresión de que no se dimensionó el alcance de lo aprobado. La esperanza ahora recae en la Cámara de Diputados, donde se espera una revisión más rigurosa que permita corregir lo que muchos consideran una amenaza al equilibrio entre ciudadanía y Estado.