El senador Alberto Anaya Gutiérrez presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud con el objetivo de que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública retomen el control sobre la vigilancia, regulación y certificación del ejercicio profesional en especialidades médicas, funciones que actualmente recaen en el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), una asociación civil.

Anaya argumentó que la Constitución establece que la Dirección General de Profesiones, dependiente de la SEP, es la instancia encargada de vigilar el ejercicio profesional. Sin embargo, en el caso de las especialidades médicas, esta responsabilidad ha sido delegada a un ente privado, lo que representa una contradicción legal y una pérdida de atribuciones del Estado.

La propuesta busca que las autoridades de salud y educación definan una unidad administrativa encargada de emitir dictámenes técnicos sobre los planes de estudio, infraestructura académica y planta docente de cada especialidad médica. Sin este dictamen, ningún programa podrá ser registrado conforme a la ley reglamentaria del artículo 5° constitucional.

Además, se plantea que estas autoridades sean las responsables de expedir la cédula profesional de especialista y de establecer mecanismos de recertificación periódica que garanticen la actualización profesional, eliminando así la exclusividad del CONACEM en la certificación de especialidades médicas.

El líder del Partido del Trabajo subrayó que la vigilancia del ejercicio profesional es una atribución legal conferida al Estado, y no puede ser delegada a organismos que responden a intereses particulares o económicos. “Esta función debe estar en manos de autoridades públicas, no de asociaciones civiles”.