La organización ambientalista Greenpeace México expresó su profunda preocupación ante la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado de la República, al considerar que limita el acceso a la justicia para comunidades, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, especialmente en temas relacionados con la defensa del medio ambiente.

La principal crítica se centra en la modificación de la figura del interés legítimo, una herramienta legal que permite a personas y grupos no directamente afectados por un acto de autoridad, pero sí vinculados por su impacto social o ambiental, acceder al juicio de amparo. Greenpeace advierte que acotar esta figura representa un retroceso, pues restringe la posibilidad de que la ciudadanía participe en la defensa de derechos colectivos.

Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, señaló que “la degradación del medio ambiente nos afecta a todas y todos, su defensa en el ámbito legal también nos compete como sociedad. Acotar el interés legítimo es colocar en mayor estado de indefensión a quienes luchan contra abusos de poder”.

Victoria Baltrán, del equipo legal de la organización, explicó que la reforma introduce un párrafo que supuestamente precisa el interés legítimo, pero que en realidad agrega elementos innecesarios a una definición ya existente, lo que complica su comprensión y limita su aplicación práctica. “La ciudadanía tiene en el interés legítimo una puerta entreabierta para acceder al amparo. Al restringirla, se trastoca el espíritu de inclusión que motivó su incorporación en la legislación”, afirmó.

Greenpeace México participó en el Parlamento Abierto convocado en el Senado, donde junto con otras organizaciones alertó sobre los riesgos de esta reforma. La organización sostiene que la nueva redacción no fortalece el derecho, sino que lo aleja de la población, dificultando la defensa de derechos ambientales, sociales y humanos.

Además, Greenpeace manifestó su preocupación por la introducción de último momento de un artículo transitorio que permite la aplicación retroactiva de la ley, lo cual contraviene directamente la Constitución. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina del 2 de octubre que dicho artículo no estaba contemplado en la iniciativa original, y coincidió en que el respeto a la Constitución debe ser primordial.

La organización hace un llamado urgente a la Cámara de Diputados para no aprobar la reforma en los términos actuales, revisar con responsabilidad el contenido y preservar el interés legítimo como una herramienta clave para el acceso a la justicia, especialmente en contextos donde los derechos colectivos están en juego.