Con el objetivo de garantizar el derecho a formar una familia sin importar la condición económica o social, la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud e incorporar la atención integral de la infertilidad como parte de los servicios de salud reproductiva.

A nombre propio y de las senadoras Liz Sánchez, Ana Karen Hernández, Yeidckol Polevnsky, y del senador Alberto Anaya Gutiérrez, Bañuelos explicó que la propuesta busca saldar una deuda histórica con miles de mexicanas y mexicanos que han visto negado su derecho a la maternidad o paternidad por razones económicas o sociales.

La iniciativa plantea reformas a los artículos 67, 68 y la adición del artículo 70 Bis, con el fin de garantizar el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento médico especializado para quienes enfrentan infertilidad, incluyendo el acceso gratuito y equitativo a técnicas de reproducción asistida en instituciones del Sistema Nacional de Salud.

“Durante años, la atención a la infertilidad ha sido invisibilizada en las políticas públicas, limitada a métodos anticonceptivos y prevención de embarazos de riesgo. Esta realidad perpetúa una brecha social inadmisible que convierte a los servicios de reproducción asistida en un privilegio, en lugar de un derecho garantizado por el Estado”, afirmó la senadora por Zacatecas.

Bañuelos recordó que la Organización Mundial de la Salud reconoce la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo, por lo que debe ser considerada un problema de salud pública. En ese sentido, la atención integral implica acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento especializado, eliminando las barreras económicas, geográficas y sociales que hoy limitan el acceso.

“La propuesta responde no sólo a un compromiso con la salud, sino también con la equidad y la justicia social, valores que deben guiar toda política del Estado mexicano”, subrayó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud, para la Equidad de Género y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.