Ciudad de México, 8 de octubre de 2025

Decenas de universidades particulares han alzado la voz contra lo que califican como una campaña de acoso administrativo y abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente desde la Dirección General de Profesiones (DGP), encabezada por José Omar Sánchez Molina. Las instituciones señalan que el secretario Mario Delgado ha permitido que esta dependencia rebase sus facultades legales, generando un clima de hostigamiento que amenaza la estabilidad del sistema educativo superior.

El detonante fue la llamada “Jornada Nacional de Actualización”, que en teoría buscaba revisar títulos emitidos por las universidades, pero que en la práctica se ha convertido en una ofensiva burocrática. Las escuelas recibieron requerimientos para entregar digitalmente el 100 % de los expedientes de egresados —incluso de los años 60, 70 y 80— en plazos de apenas 5 o 10 días hábiles. Un mandato imposible para instituciones que en esas décadas solo contaban con archivos físicos.

Los oficios llegan con fechas retroactivas, plazos contradictorios y amenazas de suspensión del Módulo Electrónico de Titulación (MET), incluso cuando las universidades logran cumplir con los requerimientos. La DGP, a través del funcionario Israel Jerónimo López, ha firmado documentos que exceden sus atribuciones, mientras se eliminan procesos presenciales sin aviso y se imponen nuevos formatos administrativos comunicados informalmente por WhatsApp.

La situación se agrava con la negativa de la DGP a registrar programas académicos ya aprobados por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), autoridad que sí tiene facultades para evaluar planes de estudio. En contraste, la DGP ha asumido funciones de supervisión académica que no le corresponden, exigiendo incluso planos arquitectónicos y constancias de uso de suelo.

Las universidades denuncian que los exhortos enviados por la DGP citan el Artículo 5° Constitucional como fundamento para sanciones que no están contempladas en la ley. Tras la amenaza de bloqueo del MET, los oficios concluyen con una frase que ofrece “derecho de audiencia”, lo que las instituciones interpretan como un doble discurso: primero se paralizan los trámites y luego se ofrece un diálogo tardío y sin efectos reales.

Desde abril, la plataforma oficial para actualizar datos institucionales permanece cerrada, lo que impide corregir errores o cambiar correos de contacto. Los oficios siguen enviándose a direcciones inactivas, y la falta de respuesta se usa como justificación para sancionar.

“Las escuelas están asustadas, frustradas, impotentes. Hicieron un esfuerzo titánico para escanear todo lo que se les pidió, y aun así reciben amenazas. En la DGP no tienen control de quién respondió y quién no, y eso se convierte en violencia institucional”, denunció el representante de una de las IES.

Miles de estudiantes permanecen en espera de sus títulos y cédulas profesionales, mientras las universidades enfrentan sobrecarga operativa, costos crecientes y un clima de incertidumbre. Las instituciones exigen la intervención inmediata del secretario Mario Delgado para detener las prácticas irregulares, reabrir la plataforma MET y revisar la actuación de José Omar Sánchez Molina y su equipo, antes de que esta crisis derive en un colapso institucional.