Veracruz, 14 de octubre de 2025.
En medio de la emergencia provocada por las intensas lluvias que han dejado comunidades enteras incomunicadas y miles de damnificados en Veracruz, la ausencia de una respuesta eficaz por parte del gobierno estatal ha generado preocupación, indignación y cuestionamientos sobre la capacidad institucional para atender crisis humanitarias.

Mientras la población espera auxilio, la ayuda ha comenzado a llegar… pero no necesariamente de las autoridades. En diversas zonas afectadas, ciudadanos reportan que víveres y apoyos están siendo distribuidos por actores ajenos al Estado, lo que evidencia un preocupante vacío institucional.

La gobernadora Rocío Nahle ha sido duramente criticada por su falta de presencia en las zonas afectadas y por la lentitud en la activación de protocolos de emergencia. A pesar de los llamados de legisladores, organizaciones civiles y medios de comunicación, la respuesta oficial ha sido limitada y, en muchos casos, tardía.

Expertos en seguridad y gobernanza advierten que cuando el Estado no cumple con su deber de proteger y asistir a la población, otros actores —legales o ilegales— ocupan ese espacio, lo que representa un riesgo grave para el orden institucional y la legitimidad democrática.

“La tragedia no puede ser terreno de abandono. La ausencia del gobierno no solo deja a la gente en el desamparo, también erosiona la confianza en las instituciones”, señaló un analista político consultado por este medio.

La situación en Veracruz pone sobre la mesa la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a desastres, garantizar transparencia en la distribución de ayuda y asegurar que sea el Estado —y no otros actores— quien responda con eficacia y sensibilidad ante las emergencias.

Reparten ayuda a nombre del CJNG en Veracruz