El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó públicamente que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa desde el pasado 31 de julio. Lo hizo en entrevista con Azucena Uresti, donde intentó justificar la medida como una represalia por sus declaraciones sobre los aranceles al jitomate mexicano. Pero su explicación no solo resulta absurda, sino que evade el verdadero contexto: Washington está retirando visas a funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción.

Astudillo, quien gobernó Guerrero entre 2015 y 2021, uno de los estados más golpeados por el crimen organizado, asegura que la cancelación de su visa se debe a una “guerra sucia” en su contra. Pero lo que no dice es que forma parte de una lista de más de 50 políticos mexicanos a quienes el gobierno de Donald Trump ha vetado de ingresar a territorio estadounidense como parte de una ofensiva diplomática contra quienes considera aliados o facilitadores del narcotráfico.

La explicación del jitomate no resiste el menor análisis. Guerrero no es un estado productor relevante de ese cultivo, y las declaraciones de Astudillo sobre los aranceles fueron hechas en un evento local sin repercusión internacional. Pretender que eso provocó una medida tan severa como la revocación de una visa diplomática es, en el mejor de los casos, una cortina de humo. En el peor, una burla a la inteligencia pública.

Lo que sí es claro es que Estados Unidos no está obligado a explicar sus decisiones migratorias, especialmente cuando se trata de funcionarios extranjeros. La Sección 212 de la Ley de Inmigración permite cancelar visas si existen motivos para creer que el titular está vinculado a actividades ilícitas, como el narcotráfico, la corrupción o el lavado de dinero.

Astudillo insiste en que no tiene nada que ocultar. Pero su gestión en Guerrero fue marcada por señalamientos de opacidad, violencia desbordada y presuntos pactos de silencio frente a grupos criminales. Hoy, en lugar de enfrentar con claridad las razones detrás de la decisión del gobierno estadounidense, prefiere esconderse detrás de una caja de jitomates.

La revocación de visas a políticos mexicanos no es un hecho aislado. Ya han sido afectados alcaldes, diputados, exsecretarios de seguridad y hasta gobernadores en funciones. El mensaje de Washington es claro: no hay tolerancia para quienes, desde el poder, han sido cómplices o facilitadores del crimen organizado. Y en ese contexto, el caso de Astudillo no parece una excepción, sino parte de un patrón.

Mientras el exgobernador busca recuperar su visa y limpiar su imagen, la ciudadanía exige respuestas reales. Porque en México, ya no basta con negar vínculos criminales: hay que demostrar que no existen. Y hasta ahora, Astudillo solo ha ofrecido evasivas.