En lo que muchos califican como una exposición de motivos desconectada de la realidad, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano, defendió desde la tribuna de San Lázaro el dictamen que reforma el Código Fiscal de la Federación, asegurando que se trata de una herramienta para combatir prácticas ilícitas, sancionar a las factureras y evitar el uso indebido de sellos digitales. Sin embargo, el tono técnico y aparentemente justiciero de su discurso contrasta con las implicaciones reales de la reforma, que afectará directamente a millones de contribuyentes, emprendedores y pequeños negocios.

Altamirano afirmó que las modificaciones buscan modernizar los procesos de control y verificación, y que representan un compromiso con la legalidad y el combate a la corrupción. Pero detrás de esa narrativa, el dictamen autoriza visitas domiciliarias, bloqueos discrecionales de sellos digitales, y acceso a información privada de usuarios de plataformas digitales, lo que ha sido calificado por legisladores de oposición como una forma de espionaje fiscal institucionalizado.

El diputado aseguró que se respetará la privacidad y protección de datos personales, pero el dictamen permite al SAT acceder a registros digitales de compradores y vendedores, bajo el argumento de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. En un país donde los organismos garantes de derechos han sido debilitados, esa promesa suena hueca.

También se presume que se facilitará el cumplimiento fiscal, pero se imponen retenciones agresivas a vendedores en línea, se amplían plazos de notificación para fiscalización, y se endurecen los criterios para negar inscripciones al RFC, incluso por vínculos indirectos con empresas señaladas por facturación falsa.

El discurso oficial habla de eficiencia recaudatoria y justicia tributaria, pero la letra del dictamen revela una lógica punitiva, invasiva y desproporcionada, que lejos de combatir privilegios, castiga a los que menos tienen y a quienes intentan emprender en medio de una economía estancada.

Mientras se promete que los recursos serán mejor recaudados para beneficio de la población, no hay garantías de que ese dinero no termine en obras faraónicas, campañas políticas o en el caño de la corrupción institucionalizada. El dictamen fue aprobado en comisiones bajo el argumento de legalidad y transparencia, pero la opacidad en su aplicación y el historial de discrecionalidad del SAT generan más dudas que certezas.

La iniciativa, presentada como parte del Paquete Económico 2026, se vende como una reforma para el bien de todos los mexicanos. Pero en los hechos, parece diseñada para convertir al Estado en un cobrador implacable, más preocupado por recaudar que por proteger a sus ciudadanos.