En una sesión marcada por la tensión política y el debate sobre la independencia judicial, la senadora Cristina Ruíz Sandoval lanzó una de las intervenciones más contundentes en contra del dictamen que propone la ratificación de cinco magistrados para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Desde la tribuna, la legisladora del PRI no escatimó en señalamientos: “Peor acto de corrupción que desempeñar un cargo para el cual no se está preparado”, sentenció.

Ruíz Sandoval advirtió que el Senado no está discutiendo simpatías ni trayectorias individuales, sino el futuro de la justicia administrativa en México. “El Tribunal fue creado para juzgar al gobierno, no para servirle”, afirmó. Y lo que está en juego, dijo, es la autonomía de una institución que debe ser árbitro entre el poder y el ciudadano, no cómplice del régimen.

La senadora denunció que dos de los cinco perfiles propuestos por el Ejecutivo no cumplen con los requisitos legales establecidos en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal, que exige buena reputación, excelencia profesional y al menos ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa. “No debatimos nombres, debatimos legalidad”, subrayó.

Los casos más graves, según Ruíz Sandoval, son los de Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez. El primero, dijo, ha hecho toda su carrera en la política partidista, sin experiencia jurisdiccional ni formación especializada en justicia administrativa. “Su nombramiento no es un reconocimiento al mérito, es un pago a la lealtad”, acusó. Además, recordó que Santillán enfrenta denuncias públicas por su gestión como delegado, lo que contradice el requisito de buena reputación.

Sobre Amieva, la senadora señaló que su trayectoria es eminentemente política, con cargos como jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente municipal, pero sin la experiencia técnica que exige la ley. “Su perfil no garantiza independencia, sino alineación”, afirmó.

Aunque reconoció que las otras tres candidatas tienen formación jurídica, Ruíz Sandoval advirtió que sus vínculos con el actual gobierno federal plantean dudas legítimas sobre su autonomía. “Han ocupado cargos de confianza dentro del régimen, y eso mina la confianza ciudadana”, dijo.

La senadora fue más allá al denunciar la estrategia política detrás de estas designaciones. “Durante años, estas vacantes permanecieron sin cubrir. Hoy, cuando el calendario político conviene, de pronto hay prisa por llenarlas. No es coincidencia”, advirtió. Para el PRI, esta urgencia no responde a una necesidad institucional, sino a una lógica de control político.

“El Tribunal no puede convertirse en refugio de exfuncionarios ni en premio de consolación para quienes fueron leales al régimen”, sentenció. Y lanzó una crítica directa al oficialismo: “Este Senado no debe ser notaría del Ejecutivo, sino contrapeso del poder”.

Ruíz Sandoval cerró su intervención con una declaración de principios: “El PRI no se opone por sistema, se opone cuando el sistema viola la Constitución. No más subordinación disfrazada de independencia. No más lealtades disfrazadas de mérito”.

La senadora llamó a defender la ley, la justicia y al Estado mexicano de su propia captura. “México necesita tribunales autónomos, técnicos, confiables y capaces de impartir justicia frente al poder. No jueces que lleguen arrodillados, sino magistrados que se mantengan de pie ante cualquier presión”.