Ciudad de México — Con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y enfrentar la creciente crisis hídrica en México, Movimiento Ciudadano presentó su iniciativa de Ley General de Aguas, la cual introduce por primera vez el concepto de “justicia hídrica” y propone un marco legal más equitativo y sustentable para el manejo del recurso.
El dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, junto con los coordinadores parlamentarios Ivonne Ortega Pacheco y Clemente Castañeda, destacaron que la propuesta busca asegurar al menos 100 litros diarios de agua por persona, como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas.
“El agua no puede ser un bien transaccional. No puede estar disponible solo para quien pague más o tenga una concesión. Por eso planteamos una nueva regulación con justicia hídrica como eje transversal”, afirmó Álvarez Máynez.
Castañeda recordó que desde hace una década el Estado mexicano debió actualizar el marco legal en materia de aguas, por lo que esta iniciativa busca saldar esa deuda legislativa y garantizar el acceso al agua para las futuras generaciones.
La senadora Amalia García subrayó que el agua debe dejar de verse como mercancía y reconocerse como un derecho humano, especialmente para las comunidades más vulnerables, con énfasis en las mujeres que enfrentan mayores dificultades ante la escasez.
Entre los puntos clave de la propuesta destacan:
- Reconocimiento explícito del derecho al agua y al saneamiento.
- Consulta previa, libre e informada para concesiones en territorios indígenas, con carácter vinculante.
- Creación de la figura de “Declaratoria de Emergencia Hídrica” y un Fondo Nacional para el Agua.
- Sustitución de la CONAGUA por una nueva Secretaría de Agua, Saneamiento y Bienes Hídricos.
- Reducción de la duración máxima de concesiones de 30 a 15 años.
- Declaración del tratamiento de aguas residuales como asunto de interés público.
- Promoción de la reutilización del agua y soluciones basadas en la naturaleza, como la captación de lluvia.
Con esta iniciativa, la Bancada Naranja busca reordenar el sistema hídrico nacional, equilibrando el derecho humano al agua con un uso equitativo y sustentable, y dotarlo de alcance constitucional y financiamiento adecuado.

