Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Grupo Parlamentario del PRI, encabezado por Rubén Moreira Valdez, lanzó un llamado firme a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados: la iniciativa de Ley General de Aguas requiere más tiempo, más comisiones involucradas y un proceso abierto a la sociedad.

Moreira presentó dos solicitudes formales para ampliar el plazo de análisis y discusión de la iniciativa, así como para turnarla a comisiones clave que garanticen una visión integral, especialmente desde el enfoque del desarrollo rural. La bancada tricolor también suscribió un punto de acuerdo para exhortar a las comisiones dictaminadoras a realizar foros, audiencias públicas y consultas bajo el formato de Parlamento Abierto.

“La nueva Ley General de Aguas no puede aprobarse al vapor. Se trata de un tema que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas, en el desarrollo económico y en la sustentabilidad de los recursos naturales del país”, advirtió Moreira.

El PRI subrayó que esta legislación representa un reclamo social y un pendiente histórico del Congreso, por lo que su discusión debe trascender lo técnico y presupuestal, incorporando la perspectiva del campo mexicano. “El agua no solo es un derecho humano esencial, también es un factor determinante para la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales”, señalaron.

La bancada recordó que México está comprometido internacionalmente con el acceso universal al agua y su manejo sostenible, a través de instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 de la ONU. Por ello, insistieron en que la aprobación de esta ley debe darse mediante un proceso plural, transparente y participativo.

El PRI reiteró su compromiso con una legislación moderna, justa y que fortalezca la soberanía alimentaria, promueva la justicia social y asegure el desarrollo sostenible del país.