La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, hoy martes 28 de octubre de 2025.

El aval fue Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, por lo que el dictamen se envía al Senado.

El documento deriva de una iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que establece un marco jurídico unificado, con tipos penales, agravantes y sanciones aplicables en todo el país para el delito de extorsión.

Se contempla que este ilícito se investigue de oficio y se garantice la protección integral de las víctimas y sus familias, “asegurando su identidad, su seguridad y su reparación del daño”.

¿Cuáles son algunos de los 34 agravantes que se establecen?

  • Cobro de piso
  • Violencia
  • Montachoques
  • Imposición de precios a productos o servicios
  • La comisión contra candidatos a cargos de elección popular
  • Afectaciones a migrantes o menores de edad
  • Secuestro virtual” o simulación de ser servidor público

Se propone una pena básica que va de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y podría aumentar en una tercera parte por agravantes.

Con la Ley contra la extorsión, al ser un delito que se persiga de oficio, se podrá denunciar vía telefónica o a distancia, para proteger a las víctimas.

Agravantes divididas en tres categorías: 

Para daño patrimonial o delitos de menor lesividad

Incrementar las penas hasta un tercio de las consideradas en el tipo penal básico. Serían aplicables al cobro de piso
Imposición de precios, cometan el delito usando el sistema financiero nacional o a quienes extorsionen a candidatos a cargos de elección popular.

Cuando el delito se cometa en contra de grupos poblacionales vulnerables (migrantes, personas adultas mayores, menores de edad, mujeres embarazadas o personas que tengan relación afectiva con la víctima). 

La iniciativa plantea incrementar las penas contempladas en el tipo penal básico entre un tercio y un 50%. 

Para los casos de afectaciones sobre la integridad de la víctima o su patrimonio, uso de violencia, armas de fuego, uso de menores de edad o cuando en el delito participen personas servidoras públicas. 

  • La iniciativa propone incrementar las sanciones del tipo penal básico entre un cincuenta y un 60% y 6% por ciento (dos tercios).

Fuente: N+