El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados inició una serie de foros nacionales para analizar la Ley General de Aguas, con el objetivo de abrir espacios de diálogo ciudadano y garantizar que la nueva legislación refleje las necesidades y derechos de la sociedad mexicana. El primero de estos encuentros se realizó en la Ciudad de México bajo el título “El agua que Morena te quiere robar”, con la participación de académicos, especialistas, autoridades y sectores sociales.

Durante el foro, el diputado federal Israel Betanzos advirtió sobre la desaparición de instituciones y reformas que afectan derechos fundamentales, como el acceso al agua, y subrayó la urgencia de atender el desabasto en alcaldías y la baja disponibilidad en fuentes clave como el sistema Cutzamala y el Acueducto Lerma. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, destacó la complejidad de la iniciativa, que involucra el derecho humano al agua y su relación con otros derechos como alimentación y vivienda. Señaló que la propuesta está cargada de ideología y fines recaudatorios, lo que podría afectar al campo mexicano y aumentar la dependencia alimentaria del extranjero.

Los especialistas coincidieron en que la iniciativa contiene elementos que generan dudas y exigieron claridad para evitar que la ley se convierta en un instrumento de control. Presentaron datos sobre las concesiones en el Valle de México, donde existen más de 2,600 títulos de aguas superficiales y cerca de 7,000 pozos subterráneos, cuya supervisión actual no cubre ni el 10 % de ellos, lo que propicia abusos.

Moreira reconoció el trabajo de la diputada Leticia Barrera en la organización de los foros, que se ampliaron de cinco a nueve gracias al respaldo del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. También alertó que la Ley de Aguas podría avanzar con rapidez, como ocurrió con la reforma al Poder Judicial, y criticó la reducción de 50 mil millones de pesos al presupuesto de la Ciudad de México desde la llegada de Morena, afectando la calidad de los servicios públicos.

Los asistentes coincidieron en que la discusión debe ser transparente, pues mientras el Congreso aprueba la ley, el Ejecutivo definirá el reglamento, lo que hace indispensable que la norma sea clara y legítima. Estos foros continuarán en distintas ciudades del país para fortalecer el debate y la participación ciudadana en torno a un recurso vital para México.